Compromís va a pedir a la Fiscalía que investigue si hubo delito en las derivaciones de pacientes que hizo entre 2006 y 2013 el entonces jefe del servicio de Neurorradiología Intervencionista del Hospital General de Alicante a la clínica privada Medimar, en la que también trabajaba, para intervenirles de malformación arteriovenosa en el cerebro. Pese a que estas derivaciones fueron autorizadas por la Conselleria de Sanidad, Compromís asegura que quien facturaba a la conselleria no era la clínica privada, sino una empresa «administrada por la hija del facultativo», según señaló ayer la diputada de Compromís Mariam Campello.

Según los datos aportados por la coalición, durante esos años fueron remitidos por el propio facultativo al centro privado 86 pacientes. Todo, según Campello, «pese a que el médico había solicitado y se le había denegado la compatibilidad para trabajar en la clínica privada».

A estos enfermos, según detalló Campello, «se les ofrecía un tratamiento para embolizar el tumor utilizando un pegamento sanitario denominado Histoacryl para tratar de bloquear el riego sanguíneo a la zona del tumor». A algunos de estos pacientes «se les llegaron a practicar hasta 61 embolizaciones, cuando no se aconseja hacer más de seis».

Según Compromís, «en ningún momento a los enfermos se les aportaban imágenes de las pruebas, sólo se les entregaba un papel diciendo que la malformación se había reducido». Entre los 86 pacientes suman 1.246 intervenciones. «Cada una de ellas ronda los 3.000 euros», dijo la diputada.

Compromís realizó ayer esta denuncia en el transcurso de una rueda de prensa en la que ofreció el testimonio de una afectada, Katia Michel Campos, quien estuvo tres años siendo tratada en la clínica privada, hasta que en 2009 «sufrí un ictus y me llevaron a Urgencias del Hospital General».

Según la afectada, cuando los médicos pidieron a la clínica el historial, «les dijeron que el médico había borrado las imágenes por falta de espacio en el disco duro». Tras hacerle varias pruebas en el centro sanitario, «me dijeron que el tumor medía 5,4 centímetros, cuando el facultativo me aseguraba que se había reducido a un centímetro». «Esto deja muchas dudas sobre el tipo de tratamiento que estaba haciendo este señor y si lo estaba haciendo, porque no hay constancia de las imágenes», señala Campello.

El médico, según han precisado fuentes del Hospital General, fue apartado de la actividad en el año 2013. Según Compromís, sobre él pesa un expediente administrativo que le impide trabajar en la sanidad pública. La coalición sostiene también que ya no ejerce en la privada y que está trabajando en el extranjero. En dos ocasiones, asegura Campello, el tema ha estado en manos de los tribunales, «pero ha sido sobreseído».

A raíz de este caso, el síndic de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, anunció ayer que presentarán una Proposición No de Ley para instar un nuevo protocolo que establezca una comisión de seguimiento sobre los casos derivados a la sanidad privada; que se garantice el seguimiento por equipos multidisciplinares de cada caso; se adjunte la historia clínica de cada paciente; se aumente el presupuesto para luchar contra las listas de espera; y se cree un grupo de trabajo que detalle los errores del plan de choque.