El consejo de administración del Puerto de Alicante respaldó ayer la propuesta del presidente, Juan Antonio Gisbert, para la costrucción de una terminal con naves cerradas para mover graneles en el Puerto. El pliego de condiciones se presentará el próximo 20 de febrero y fuentes e del consejo apuntan que la nave podría tener una altura de 45 metros. Con todo, el proceso burocrático llevará el comienzo de las obras al mes de noviembre. Mientras, el Puerto garantiza que no habrá problemas en el movimiento de esta carga.
Además, en el consejo se han hecho públicos los datos económicos que ha supuesto el cierre a los graneles durante una semana. Las pérdidas superan el millón de euros sumando todos los colectivos afectados. Según los técnicos el cierre total de las instalaciones supondría unas pérdida anuales de 40 millones de euros y 500 empleos directos.
En cuanto al modelo elegido habrá que esperar al pliego de condiciones y el proyecto constructivo pero ayer, durante el consejo. se conoció que la terminal de Santander, en la que se han basado el Consell y la Plataforma de Afectados -los vecinos siguen escépticos y Medio Ambiente ha convocado una reunión con los afectados- no trabaja lo graneles totalmente en naves cerradas. La mitad del granel se carga y descarga a cielo abierto; 2,4 millones de toneladas al año, de un total de 3,8 millones.
El director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Joan Piquer, notificó el jueves al presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, una nueva resolución, consensuada con la Plataforma de Afectados por las descargas tóxicas y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la que el Consell vuelve a activar la autorización para que el Puerto pueda mover graneles en los muelles 13, 15 y 17. El Puerto tiene un mes para presentar el proyecto constructivo de las naves cerradas.
Tribunal, Consell y vecinos, estos dos últimos denunciantes en el caso judicial, dan un voto de confianza al Puerto tras recibir la comunicación de que el consejo de administración aprobará hoy la convocatoria de un concurso público para la construcción en el Puerto de una terminal especial con naves cerradas para el tráfico de graneles, tal como se exigió en la autorización de noviembre de 2016. Medio Ambiente acepta como buena la notificación de Juan Antonio Gisbert, y le devuelve la autorización para mover graneles, siempre que se cumplan también el resto de condiciones. Entre ellas, que la altura de los acopios (granel) en los muelles, previa a su carga en los barcos, no exceda la altura de las pantallas cortavientos y, por supuesto, que la operativa se pare cuando el viento supere los 10 kilómetros/hora en dirección a la ciudad, factor que contribuye a la formación de nubes de polvo.
La resolución del Consell devuelve la situación del Puerto al 20 de diciembre de 2017, cuando el Consell paró la operativa por el incumplimiento, según Medio Ambiente, de las condiciones de la autorización de 2016 que, por otro lado, deberá revisarse el próximo mes de abril. Lo cierto es que la situación ha dado un giro de 180 grados tras anunciar el martes el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, que al final habrá naves cerradas para los graneles y que, incluso, tiene avanzadas conversaciones con empresas privadas, ya que el Ministerio de Fomento considera que la actividad es privada y no habrá fondos públicos. Hoy está convocado un consejo de administración en el que Gisbert informará de las negociaciones a los consejeros.
Malestar laboral
Donde no cesa la polémica y el malestar es en el colectivo de trabajadores del Puerto, que ha perdido una semana de trabajo tras la suspensión decretada el pasado viernes. Los trabajadores, miembros de la Asociación de Trabajadores de la Autoridad Portuaria (Atdapa), celebraron el miércoles una asamblea y ayer hicieron público un comunicado en el que se preguntan «cuántos puertos de la Comunidad Valenciana están trabajando dentro de la ley que regula la licencia de emisiones a la atmósfera, ya que los barcos que tendrían que estar operando en nuestro puerto se están desviando a otros de la misma Comunidad, con menos medidas correctoras y también dentro del entorno de la ciudad».
La asociación de trabajadores no entiende por qué no se han cumplido los plazos establecidos por dicha resolución (abril 2018), provocando anticipadamente que la actividad portuaria se haya parado, y, por otro lado, «a día de hoy las mediciones continúan dando niveles de contaminación por encima de lo permitido», según el escrito de ayer jueves.
Los trabajadores sospechan, por otro lado, que posiblemente haya otros factores externos, «y no solamente la carga y descarga de graneles, los que estén produciendo niveles de contaminación por encima de lo permitido, lo que agrava la decisión de los responsables de la Conselleria «al poner en jaque la economía de tantas empresas y el riesgo a la pérdida de empleo de tantos trabajadores» apuntaron en el comunicado hecho público..
Atdapa cree que la medida tomada es «terrorífica por su efecto y también irresponsable por no haber analizado todos los factores, ya que se está jugando con la seguridad de muchas familias que dependen de la actividad». Además, según el colectivo, se está permitiendo que estos mismos barcos que tendrían que estar operando en el puerto de Alicante, lo hagan sin ninguna regulación ni las mismas licencias que aquí se piden en otros puertos de la misma Comunidad.
«Esto da que pensar mucho a nuestra asociación, que ve como poco a poco, y según el partido que gobierne, se va derivando la economía a otro punto de esta Comunidad», subrayaron desde la asociación de trabajadores.
