El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, anunciará este viernes al Consejo de Administración del Puerto la decisión tomada por el equipo gestor portuario para dotar al Puerto con una terminal para graneles graneles que se moverán en naves cerradas, tal como planteó el Consell en noviembre de 2016 cuando concedió la licencia provisional para seguir con la operativa -hoy cancelada-, y tal como exigen los vecinos del entorno del Puerto afectados por la emisión a la atmósfera de las partículas contaminantes a la atmósfera en el movimiento de graneles como el cemento o el clíncker. Gisbert ha venido trabajando para solucionar el problema en los últimos meses e, incluso, tiene avanzadas conversaciones con empresas e inversores interesados en una operativa que representa la mitad de la carga que se mueve en el Puerto. De esta forma se pondrá fin a la polémica abierta en la ciudad desde hace años y Alicante contará con una terminal como la de Santander, si es que el Consell mueve ficha y levanta la suspensión cautelar.

Fuentes del consejo de administración de la Autoridad Portuaria confirmaron ayer a este periódico que el presidente, Juan Antonio Gisbert, había convocado, con carácter de urgencia, para el viernes, al máximo órgano de la entidad con un único punto del orden del día: «Informaciones relacionadas con el movimiento de mercancías sólidas a granel. Calendario para la convocatoria de un concurso con la finalidad de otorgar una concesión privada de una terminal de graneles con naves cerradas».

Un portavoz autorizado del presidente confirmó que desde hace algunos meses se viene trabajando para la convocatoria del mencionado concurso, una vez que Juan Antonio Gisbert ha llegado a preacuerdos con posibles inversores, privados, que, por confidencialidad, no ha querido desvelar para la construcción de nuevas naves cerradas en depresión en el Puerto de Alicante, que ya dispone de otras infraestructuras (silos) en el muelle 19.

El anuncio de Gisbert llega en una semana muy complicada para la comunidad portuaria de Alicante (2.500 familias), que ha visto como desde el viernes pasado la actividad de los graneles está cerrada por un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que instó al propio Puerto a solucionar el problema del impacto ambiental elevando la altura de las pantallas cortavientos.

Los técnicos del Puerto y las empresas estibadoras -la alicantina Alicante Port hasta ha incorporado una tolva ecológica- sostienen que las pantallas cortavientos son suficientes, pero las sentencias judiciales y el propio Consell han echado por tierra sus consideraciones.

La situación ha llegado a un punto sin retorno con el Puerto cerrado para los graneles -dos millones de toneladas al año-, con barcos yéndose a otros puertos y con los trabajadores en alarma social debido a la falta de actividad. El anuncio de Gisbert representa el comienzo del final de un conflicto que, por otro lado, quitaba también el sueño a las 20.000 familias que sufren los puntuales episodios de contaminación.

La actividad laboral de los estibadores se ha reducido un 90%, según José Castell, presidente del colectivo y, además, un nuevo auto del tribunal de lo Contencioso Administrativo 1 de Alicante ha activado el decreto del exvicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, instando a las empresas que trabajan en el Puerto a pedir la licencia ambiental municipal. El Puerto mueve al año 1,8 millones de toneladas de granel -103.290 toneladas en enero de 2017- con un impacto económico de alrededor de 1,5 millones de euros

Felipe Fuster, propietario de Alicante Port, la única alicantina de las tres empresas graneleras que trabajan en los muelles del Puerto, mostró ayer su preocupación ante las dimensiones que ha alcanzado un conflicto que amenaza no sólo el empleo, sino la propia estabilidad de las mercantiles. Fuster ha sido uno de los empresarios más sensibles al problema, y prueba de ello es que suya es la tolva ecológica para ciertas descargas de granel que incorporó el pasado otoño al Puerto con una inversión superior al millón de euros. «Claro que estamos preocupados y, de hecho, vamos a remitir un informe al Consell para confirmar, por ejemplo, que la altura de las pantallas es correcta, de ahí que no terminemos de entender las determinaciones de los autos judiciales sobre el asunto».

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Puerto (Atdapa) aseguró ayer que las estaciones medidoras de «Parque del Mar» y «Frutero» han registrado en los últimos cinco días, ya sin actividad de graneles en el Puerto, niveles de contaminación similares a los que se dan cuando se cargan los barcos. «Lo que decimos con esto es que también la intensa circulación en la avenida de Elche puede alterar los niveles máximos de emisiones de particulas», apuntaron desde la asociación.

Expedientes

La Conselleria de Medio Ambiente abrió en noviembre un segundo expediente sancionador -tres delitos calificados como graves y que llevan una multa de 70.000 euros- al Puerto de Alicante por seguir incumpliendo las medidas correctoras que le exigió la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental para darle la autorización ambiental del movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17 del Puerto. Permiso que expira en abril de 2018 pero sobre el que pesan ya dos expedientes, uno abierto el pasado agosto y otro el actual.

Ahora, tras la decisión del Puerto de instalar naves cerradas para los graneles con una terminal especial la pelota vuelve al tejado del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro.