? Los jueces consideran en sus autos que no se han tomado las medidas que exige el Consell para reducir el impacto ambiental que provoca el movimiento de graneles. De nada han servido los argumentos esgrimidos por el Puerto en el sentido de que la suspensión provocará un quebranto importante en la economía portuaria. El juez insta al propio Puerto a tomar las medidas correctoras para que se pueda reanudar la actividad granelera, el 50% del movimiento total.