«Siempre hay trabajadores que tratan de hacer triquiñuelas para alargar las bajas laborales, pero en todos mis años de profesión nunca me he encontrado un caso similar». Así de tajante se mostraba ayer un inspector sanitario tras conocer el caso del funcionario de la Diputación de Alicante que lleva quince años alternando bajas laborales con vacaciones.
Para este profesional, este caso supone «un claro fraude de ley», aunque se sorprende de la cantidad de años que el trabajador se ha mantenido en esta situación. «Obligatoriamente ha tenido que ir cambiando de médico, porque si no, es muy complicado. Generalmente te encuentras con casos de picaresca, pero no tan exagerados». Otro inspector sanitario también se mostraba ayer sorprendido con la noticia. «Algo tiene que haber detrás para que la situación se haya mantenido durante tantos años».
Mientras, el funcionario, que trabaja en el centro psiquiátrico Doctor Esquerdo, está en estos momentos de alta laboral, aunque la Diputación le permite acudir sólo media hora a la semana a los servicios de prevención laboral y después marcharse a su casa, según han relatado algunos de sus compañeros.
El caso ha levantado ampollas en buena parte de los grupos de la oposición en la Diputación, que ayer arremetían contra el PP y, en concreto, contra el diputado de Recursos Humanos, Alejandro Morant, por lo que consideran un fallo en los mecanismos de control que eviten este tipo de situaciones.
«Se tienen que depurar todas las responsabilidades, no sólo hacia el trabajador, sino también hacia quienes no han hecho nada por evitar esta situación», señalaba ayer José Chulvi, portavoz del PSPV en la Diputación. Para Chulvi, situaciones de este tipo «no ayudan a que la gente recupere la confianza en las instituciones. El daño colateral es enorme y va en contra de las instituciones».
Muy crítico se mostró también el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, quien culpó directamente al diputado de Recursos Humanos de la situación. «Es muy difícil ser alcalde de un municipio (en referencia al cargo de Morant como regidor de Busot) y controlar al millar de trabajadores que tiene la Diputación». En este sentido, Fullana acusa al también vicepresidente de la institución provincial de «falta de dedicación» y de tener «un atasco en sus competencias».
El tercer grupo político de la Diputación, Izquierda Unida, rechazó ayer hacer ningún tipo de valoración «hasta no conocer la situación de este trabajador en profundidad».
Por su parte, Alejandro Morant, reiteraba ayer la incapacidad de la institución para tomar medidas contra este trabajador. «Durante todos estos años hemos intentado aplicar todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance, pero sin éxito».
En cuanto a los sindicatos de la Diputación, tampoco ayer quisieron entrar a valorar el fondo de este caso. «Nosotros somos defensores de los trabajadores y si este empleado presenta una baja médica, ¿nosotros para qué nos vamos a pronunciar?», señalaba Mario Rico, presidente de la Junta de Personal.
Rico reconoce que ya sabía de este caso con anterioridad, aunque añade que los sindicatos únicamente intervienen «en asegurar que su puesto se cubre cuando está de baja». Pese a este caso concreto, Rico sostiene que en la institución no se da en general un alto grado de absentismo, «sobre todo teniendo en cuenta que a los funcionarios nombrados a partir de 1991 se les quita buena parte del sueldo cuando se ponen de baja médica, ya que son controlados por una mutua».
Una situación que no afecta al funcionario «absentista» , quien se libra del control de la mutua gracias a un acuerdo de 1991, lo que le permite cobrar íntegramente los 1.500 euros mensuales que le paga Diputación.
