Salvo Zaragoza (gobernada por una marca blanca de Podemos que ha logrado el apoyo puntual del PSOE y de la Chunta), ninguna de las principales capitales con gobierno en minoría tiene, ya con el 2018 en marcha, aprobados sus presupuestos para este año. Ni Madrid (que intenta recomponer la estabilidad tras la decisión de la alcaldesa, Manuela Carmena, de destituir al concejal de Hacienda), ni Barcelona (donde su alcaldesa, Ada Colau, puede enfrentarse a una segunda cuestión de confianza para aprobar las cuentas, un mecanismo que en Alicante descarta el alcalde, Gabriel Echávarri), ni Sevilla (con un preacuerdo aún insuficiente en número entre PSOE y Cs, que votará a favor en «un acto de responsabilidad política» porque la capital, según el portavoz de Cs en Andalucía, «no puede permitirse el lujo, como algunos pretenden, de no aprobar unos presupuestos para garantizar la mejora de los servicios básicos»), ni Málaga (con otro pacto inicial sobre los presupuestos entre Cs y en este caso el alcalde, el popular Francisco de la Torre) ni Murcia (que está en plena fase de elaboración del borrador tras arrastrar un importante retraso derivado de aprobar los presupuestos del pasado 2017 ya superado el ecuador del año).
En ese grupo se encuentra, como no podía ser de otra forma, Alicante, que afronta la recta final de la tramitación de las cuentas con la vista puesta en la Junta de Gobierno prevista para este próximo martes, que abrirá la fase de enmiendas, previa a la Comisión de Hacienda y al definitivo Pleno extraordinario que el gobierno prevé celebrar el 31 de enero. La incertidumbre envuelve unos presupuestos que, por ahora, sólo cuentan con el apoyo del PSOE (6 ediles), como partido al frente del ejecutivo local, y de Compromís (3), exsocio de gobierno hasta noviembre, cuando el borrador de las cuentas ya se había enviado a Madrid para lograr el visto bueno del Ministerio de Hacienda. También tendrá el respaldo del concejal tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Cs), quien en la Diputación votó recientemente a favor de los presupuestos elaborados por el PP. Por el contrario, las cuentas sumarán, si nadie cambia de opinión, el voto en contra del PP (8), que se ha limitado a anunciar una enmienda a la totalidad, y Ciudadanos (5), que un día aseguró que esperaría a ver en qué acababan las negociaciones de los ahora exsocios de gobierno para hacer llegar sus propuestas y un día después anunció que no apoyaría los presupuestos mientras Echávarri, encausado en dos procesos judiciales por presunta prevaricación, siguiese al frente de la corporación.
Tal y como sucedió el pasado año, Guanyar, que volverá a ser decisivo, sigue jugando al despiste, ocultando el signo de su voto hasta el último momento. A nadie le extraña esta actitud, ya que formando parte del tripartito no decidió su voto hasta la noche anterior al Pleno, celebrado en marzo de 2017, tras recibir el visto bueno de su asamblea.
En contraposición a la actitud de Compromís, que asume como propios unos presupuestos elaborados a partir de las peticiones realizadas por los concejales del tripartito, Guanyar intenta marcar distancia, argumentando que la Concejalía de Hacienda recortó sus demandas. Lo que no cuenta Miguel Ángel Pavónes que al área encargada de elaborar los presupuestos le llegaron solicitudes que excedían en unos 50 millones de euros el límite impuesto por el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro para dar el necesario visto bueno a las cuentas, lo que obligó a recortar de todo y a todos.
Y es que en este proceso de negociación, las verdades a medias han sido constantes. Incluso, desde el propio gobierno, lo que agrava el escenario. El ejemplo más evidente, por significativo, tuvo lugar en la reunión que mantuvo la concejala de Hacienda y de Participación, la socialista Sofía Morales, con los representantes vecinales en un simulacro de Juntas de Distrito. En ese encuentro, en el que los vecinos más críticos con el ejecutivo no fueron o permanecieron en silencio, Morales recurrió a su experiencia pedagógica para explicar los presupuestos, justificando las inversiones incluidas y las que no han tenido cabida inicial en el documento. Sin embargo, en su intento de camelar a los vecinos, la edil leyó un listado de proyectos que «no se podrán hacer» si no se aprueban los presupuestos, ocultando los mecanismos (préstamos o modificaciones de crédito) de los que puede disponer el Ayuntamiento de Alicante para acometer algunas inversiones al margen del resultado de la votación en el Pleno.
En esa reunión, Morales estuvo acompañada por el socialista Fernando Marcos, como en el resto de encuentros que ha mantenido con la oposición. No estuvo (andaba por Fitur), ni se le esperaba, el alcalde de Alicante, que tampoco ha participado en las negociaciones con el resto de grupos, lo que evidencia que los presupuestos o no son una prioridad (sí que acude cada semana a las reuniones con la empresa de la limpieza) o que el propio alcalde admite que su presencia (por ese carácter poco dado a las negociaciones) dinamitaría cualquier posible acuerdo para aprobar las cuentas de 2018. Igual de grave suena un argumento como el otro. De hecho, desde Compromís, el único grupo que apoya al PSOE en los presupuestos, reclaman que el regidor acuda este lunes, al menos, a la última reunión prevista antes de que la Junta de Gobierno apruebe inicialmente el borrador. Con o sin la presencia del alcalde, la Concejalía de Hacienda presentará a la oposición el documento que el ejecutivo aprobará este próximo martes, dando el pistoletazo de salida a la presentación de enmiendas y al posterior Pleno.
Prorrogar los presupuestos no supone un drama para una ciudad, aunque sí un síntoma de lo que realmente preocupa a sus políticos: con un gobierno que lleva dos años en minoría, una situación agudizada tras la ruptura del tripartito y el enroque de Echávarri, y que se muestra incapaz de negociar con espíritu de consenso los presupuestos y con una oposición (salvo Compromís, que argumenta que «los juicios al alcalde no pueden ser la condena de la ciudad») que antepone sus intereses electoralistas a las necesidades reales de los alicantinos.
La Edusi de Las Cigarreras, tal vez, es el ejemplo más evidente: todos llevan años glosando sus beneficios para la ciudad (el tripartito por ser el encargado de su ejecución inicial y el PP por haber sido el promotor). No aprobar los presupuestos de 2018 pondría en serio riesgo la millonaria inversión que llega desde Europa para un proyecto que busca rehabilitar el entorno de los dos castillos. ¿A quién le importa? Parece que ni a unos ni a otros.
