Hasta el 90% de la enseñanza en valenciano pide el sindicato docente mayoritario, STEPV, para los niños de Infantil en zonas valenciano parlantes.

Mientras este sindicato considera que la nueva ley de plurilingüismo que tramita el Consell se queda corta con el valenciano, las formaciones de padres que representan Covapa y Concapa, de centros públicos y concertados, que también han expresado su opinión ante la comisión de Educación en las Cortes, la consideran una "imposición" y han presentado una enmienda a la totalidad.

El STEPV reclama que el valenciano sea "la lengua central" del modelo plurilingüe, y por contra colectivos como la Asociación en Defensa del Castellano advierte el riesgo de una "inmersión lingüística".

Vicent Mauri, del STEPV, propone además eliminar de la Llei d'Ús la exención lingüística, y acabar con la "discriminación" que en su opinión supone para el alumnado de las zonas castellanohablantes.

También pide que el porcentaje mínimo de contenidos en valenciano sea del 50%, y que en las áreas de predominio valenciano el 90% de la Educación Infantil se imparta en esta lengua y así "aplazar la entrada de la dominante, el castellano".

Proponen un coordinador de plurilingüismo en todos los centros y adaptar la acreditación de lenguas por el profesorado.

Criticos

Desde el sindicato ANPE, en las antípodas de la postura anterior, Laureano Bárcena califica el texto legal de "intervencionista y con gran intrusismo profesional".

También apuesta por el consenso: "Los tiempos pedagógicos son más largos que los políticos, el consenso debe ser tarea irrenunciable de todas las partes implicadas y en este momento no existe".

Entre los colectivos del padres, Ramón López, por Covapa, reclama los votos de más de dos tercios del parlamento valenciano o, en su caso, retirar la proposición de ley hasta llegar al citado consenso.

Reivindica el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la que han de estudiar sus hijos y opina que "la inmersión lingüística es una forma de dictadura contra la libetrad de elegir".

En la misma línea, la presidenta de Concapa, Julia María Llopis, lamenta que "ni se promueve el castellano en las zonas valenacianoparlantes, ni se impulsa el inglés".

También en la Federación de Estudiantes, Sergio Alonso quiere que haya más debate y propone abrirla al Consejo Escolar, además de pedir que no se vaya tan rápido "para permitir la formación del profesorado".

Expertos

El primero en intervenir ha sido el catedrático de Didáctica de las Lenguas y Formación del profesorado Joaquim Dolz, que considera equilibrado el reparto de enseñanza de lenguas en la ley según las necesidades, porque se busca "garantizar el éxito escolar".

También ha valorado el margen de libertad que se deja a los centros educativos.

Y el doctor en Filologia Catalana, Avel·lí Flors i Mas, también considera que la proposición de ley es "el mejor modelo" al que se puede aspirar por las actuales circunstancias políticas, judiciales "por y la falta de consenso y territorial alrededor de esta cuestión".

Defiende por tanto un mínimo del 50% de valenciano y opina que el 25% mínimo del castellano es un "peaje que hay que pagar" para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad.