El conseller de Educación, Vicent Marzà, dará la palabra a los representantes de los padres de alumnos y del profesorado el próximo día 8 de enero, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, para que expongan ante las Cortes su punto de vista sobre la nueva ley de plurilingüismo que el Consell prevé implantar el curso que viene.
El conseller de Educación ha citado a lo largo de toda la jornada en las Cortes a los colectivos educativos que lo han solicitado, para que expresen su postura sobre los contenidos de la ley, toda vez que el propio Consell ha derogado formalmente su propio decreto de enero de 2017 tras el varapalo jurídico de que fue objeto por el TSJ, que lo había suspendido cautelarmente.
Los representantes de los padres van a la cámara autonómica a «cara de perro», tal y como se desprende de las posturas que tienen previsto expresar en sus respectivas comparecencias.
En concreto, las confederaciones que integran el Foro por la Libertad de Elección de la Lengua Vehicular, de centros tanto públicos como concertados, apuestan directamente por una «enmienda a la totalidad».
Sostienen que la proposición de ley del plurilingüismo nace sin el consenso prometido y no admiten que siga sin incluir la libertad de elección de los padres sobre la lengua en que aprenden sus hijos en la escuela, extremo que les llevó, entre otros,a recurrir jurídicamente el decreto de enero ahora derogado por el propio Consell.
Elección
Para la Confederación Covapa, mayoritaria de centros públicos, y para Concapa, su homóloga de los centros concertados, la citada libertad de elección es una «condición inexcusable», al igual que para la asociación Idiomas y Educación que integra centros tanto públicos como concertados.
«Que el plurilingüismo se tramite ahora como una ley en las Cortes es la excusa perfecta del Consell para escenificar un apoyo social que en realidad no es tal. De entrada divide a la sociedad, como refleja la propia representación política en el parlamento», sostiene Ramón López, presidente de Covapa.
Este colectivo de padres de alumnos tiene la intención de presentar ante los representantes políticos una «enmienda a la totalidad» para reclamar que se vuelva a partir de cero, y «exigir a los parlamentarios que demuestren que son capaces de poner en marcha una ley integral que regule el uso de las dos lenguas, valenciano y castellano, en igualdad».
Ramón López reclama que en el texto legal «debe primar la libertad fundamental del derecho de las familias a elegir con qué lengua vehicular se enseña a sus hijos».
También afirma que los nuevos porcentajes de la enseñanza en lenguas que propone el conseller, lejos de distribuir equitativamente el valenciano, el castellano y el inglés «favorecen que te puedas encontrar centros en los que el mínimo de valenciano sea el 50%. Partiendo de un 25% en cada lengua, la ley no marca un máximo pero sí recomienda ir al 50% del valenciano, y la carencia de profesorado preparado e inglés llevará a esa medida en la prática», advierte López.
«Son porcentajes falsos», sostiene este representante. «Con todo el derecho a equivocarme -concluye-, que no nos impongan la lengua».
La representante de las familias de centros concertados, Julia Llopis, también alude a la «falta de consenso» con la que parte la ley. «Busca dar el 50% de la enseñanza en valenciano por lo que viene a ser lo mismo que el decreto, pero por ley», opina.
Esta representante se pregunta por qué se quitan las dos líneas de enseñanza que tienen ahora mismo los colegios, situación que le parece más adecuada para la elección de los padres porque de otra forma «habrá la misma oferta en toda una población».
Llopis advierte que «no nos negamos a dar valenciano y conocer nuestra cultura, pero queremos elegir cómo aprenden nuestros hijos». También propone que para aprobar la ley hagan falta dos tercios de los votos, y no la mayoría simple, así como que no se limite al tema lingüístico.
«Imposición»
Idiomas y Educación no intervendrá en directo pero ha presentado por registro sus propias enmiendas, en el sentido de que la «la ley no mejora el plurilingüismo actual», ni tampoco la Lley d'Us que sí permite que las primeras enseñanzas (en Infantil) se hagan en la lengua materna « y el nuevo texto del Consell no lo recoge así».
La consideran «precipitada» porque en el plazo de tres cursos abarca la totalidad de los niveles educativos; exigen un plan que garantice profesorado preparado en inglés; y exigen que sea la demanda de los padres la que marque las lenguas en la enseñanza y no sean «una imposición».
