Seis mil agricultores de Alicante, Murcia y Almería, según las fuerzas de seguridad -el doble según los convocantes- participaron ayer en la primera de las tres manifestaciones convocadas por agricultores, empresarios y sindicatos para reclamar al Gobierno agua y soluciones a la sequía. Los afectados, que se concentrarán el martes ante la desaladora de Torrevieja y viajarán a principios de año a la Puerta del Sol de Madrid, reclaman un trasvase extraordinario, la apertura de más pozos de sequía y que en 2018 tampoco haya «tasazo» del Tajo-Segura, que el Gobierno vuelve a recuperar aunque sea de 3,6 millones, pese a que no llega una gota de agua desde mayo. En juego cien mil empleos, 200.000 hectáreas y tres mil millones de euros de facturación.
El portavoz del Círculo por el Agua y presidente del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, denunció las dudas manifestadas por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, «en todo lo que se refiere a la posibilidad de traer agua a nuestros cultivos. Solo ha estado seguro en que va a cobrar, sí o sí, la tarifa a los ciudadanos murcianos, almerienses y alicantinos por un agua que no vamos a recibir», en referencia a la tasa de mantenimiento de la infraestructura del Tajo-Segura.
«No se qué habremos hecho mal de aquí para atrás, pero no voy a parar de dar la murga hasta que haya una solución definitiva para el Levante español, porque hemos trabajado honrada y justamente con el Estado y exigiremos al Estado que nos devuelva ese trabajo honrado», sentenció Lucas Jiménez.
Tras el cierre del trasvase Tajo-Segura el pasado mayo y las nulas perspectivas de que se active durante 2018 al encontrarse los embalses de cabecera por debajo del umbral mínimo trasvasable, los agricultores ya no pueden regar y dependen únicamente de la desalación, de nuevos pozos y de que haya precipitaciones durante las próximas semanas que eviten la pérdida de los cultivos y el consiguiente descalabro económico.
Y, al fondo, el precio. «A cien euros la hora de riego, poco brócoli vamos a poder plantar». La reflexión de Ángel Urbina, presidente de la Sociedad Agraria San Enrique, regante del Tajo-Segura y portavoz de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, resume la situación que la sequía ha provocado en el campo alicantino, donde se constata cada vez más la idea de que de continuar la falta de lluvias y la inmóvil política de la Administración, cerrada a mover agua en España más allá de la desalada, pueden acabar a medio plazo con gran parte del sector agrícola provincial.
La decisión del Ministerio de Agricultura, forzado por tres años consecutivos de ciclo seco, a duplicar la producción de agua desalinizada en la planta de Torrevieja a costa del moribundo Tajo-Segura, multiplicará por dos, como mínimo y pese a la subvención gubernamental, el coste del agua en relación al caudal del Tajo, haciendo prácticamente insostenible una actividad de la que viven miles de familias en la provincia. Además, el agua desalinizada, solución puntual para el abastecimiento, debe mezclarse con otros caudales para poder regar, lo que condiciona su utilidad en el caso de que no haya agua para mezclar, un escenario que ya se ha producido.
Para colmo, el boro, un metal presente en el agua desalada que es letal para los cítricos, el cultivo, junto a la almendra, que más sufre la falta de agua. Avena, trigo y cebada, productos de secano, prácticamente han desaparecido ya de las zonas históricamente productoras como la Foia de Castalla o el Alto Vinalopó. El melocotón de secano comienza a ser un «manjar delicatessen».
Alicante, que llegó a tener en producción cerca de 180.000 hectáreas en los años 80 del siglo pasado, mantiene en estos momentos activas poco más de 125.000 hectáreas, todo un milagro para las cien mil familias que siguen dedicándose al sector en una provincia que, sin embargo, tiene un elemento clave para la agricultura, como son las cerca de 3.000 horas de sol al año, como enfatiza el catedrático Antonio Gil Olcina.
El peligroso avance que sufre el proceso de desertificación de la provincia ha provocado que en los últimos diez años se haya perdido un 40% del suelo fértil, lo que consolida a Alicante como la segunda provincia española tras Almería (70%) donde el problema de la erosión es mayor aunque de pérdida de suelo cultivable.
El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación advierte de que 94.360 hectáreas están afectadas por el proceso y otras 89.989 en peligro muy alto, lo que suma cerca del 40% del total de 581.000 hectáreas de superficie que tiene Alicante. Las zonas con una situación de mayor riesgo son la Vega Baja, el litoral de la Marina Baixa, el interior de l'Alacantí y todo el Alto y Medio Vinalopó. Estas áreas se corresponden, encima, con la ubicación de los acuíferos sobreexplotados.
