Catalina Rodríguez, cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, aseguró ayer en el juzgado que se siente perjuidicada por su despido el pasado mes de abril, según confirmaron ayer a este diario fuentes cercanas al caso. Una juez investiga al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y al concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, por un delito de prevaricación tras el cese el pasado mes de abril de la interina que desempeñaba labores de técnico de museos. El despido se produjo después de que el portavoz del PP, Luis Barcala, denunciara ante la Fiscalía a Echávarri por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, delito por el que el alcalde acaba de ser procesado por otro juzgado junto a dos de sus asesores.

Rodríguez, que fue readmitida después de que el pleno desautorizada la actuación del primer edil, fue citada ayer en calidad de perjudicada por el juzgado para hacerle un ofrecimiento de acciones, un trámite que se hace a los afectados en procedimientos penales. Aunque no está personada en la causa como acusación particular, aseguró que se siente perjudicada por estos hechos, por lo que podría tener derecho a futuras indemnizaciones en caso de que el proceso judicial terminara en condena. Asimismo ha aportado a la juez la documentación de las pruebas de acceso por las que accedió como interina, así como el decreto por el que fue contratada, expedientes que hasta ahora no se habían aportado a la causa. Con estos papeles se pretendería acreditar que su incorporación al Ayuntamiento fue genéricamente como técnica de museos y no asignada a un puesto específico, como sostiene el alcalde. Este diario se puso en contacto ayer con Catalina Rodríguez pero declinó hacer declaraciones sobre la comparecencia.

A primera hora de la mañana, declararon en el juzgado los técnicos municipales que intervinieron en la redacción del decreto de despido, dos funcionarios y una asesora jurídica municipal, y que ya declararon en la Fiscalía durante la investigación que hizo por estos hechos. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que los tres ratificaron ayer lo que ya manifectaron en su día ante el fiscal, por lo que la comparecencia de cada uno ha sido de apenas diez minutos. Los técnicos han señalado que había causa para acordar el cese, motivo por el que no se puso reparo alguno a la decisión del alcalde. Los funcionarios ratificaron que fue una orden del primer edil, mientras el concejal de Recursos Humanos se encontraba de vacaciones.

La tesis de Gabriel Echávarri es que la situación laboral de Catalina Rodríguez era una ilegalidad consentida ya que se encontraba desempeñando una labor distinta para la que fue contratada. En la actualidad se encuentra en el Museo de la Lonja y en su día se incoporó al Ayuntamiento para la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y del Centro Cultural de las Cigarreras. Echávarri sostenía que regularizar la situación de los interinos era uno de sus objetivos al llegar a la Alcaldía. Sin embargo, Catalina Rodríguez fue la única despedida y en redes sociales el alcalde llegó a insinuar que la denuncia del PP contra él pudo haber acelerado la medida.