La Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas del Puerto presentó ayer ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), los informes que determinan que el movimiento de graneles en el Puerto de Alicante incumple la normativa ambiental y de la prevención de la contaminación por la emisión de partículas. En la documentación figuran los datos de los medidores oficiales instalados junto a los muelles, el expediente sancionador de la Conselleria de Medio Ambiente, un informe independiente, las fichas técnicas de seguridad del clíncker y el coque de petróleo (Bruselas obliga a que el movimiento de este último se haga en naves) y la autorización provisional de emisiones a la atmósfera.
Durante su denuncia ante la Guardia Civil, la plataforma pidió el amparo de los agentes para que intervengan y paren la operativa cuando se produzcan episodios de contaminación como los que se vienen registrando desde el 16 de agosto, que han terminado en la apertura de dos expedientes sancionadores por el Consell, el mismo que, sin embargo, mantiene hasta abril de 2018 la autorización ambiental que concedió al Puerto en noviembre de 2016.
«Lo primero que queremos dejar claro es que para nada nuestra intención es que el Puerto pierda el movimiento de graneles, y nuestra protesta nunca ha ido contra los trabajadores, pero ahí están los informes que certifican que hay contaminación y la estamos padeciendo los vecinos y nuestros hijos», subrayaron ayer José Santamaría y Carmen Sánchez. «No entendemos ni la actitud del Puerto ni de la propia Conselleria de Medio Ambiente. Si hay que poner las naves se ponen. Tampoco entramos en quién tiene que pagarlas. Que lo haga el Gobierno. Lo que es necesario es que la operativa se cierre».
La Plataforma denuncia en el escrito presentado ante el Seprona que en noviembre se intensificaron las columnas de polvo tóxico procedentes de la actividad de carga y descarga de graneles sólidos al aire libre, «que generan una importante contaminación atmosférica consistente en partículas PM10 y PM 2,5 procedente de la emisión pulverulenta por la manipulación de grandes cantidades de clíncker, cemento, cocke de petróleo, escorias de incineración, percarbonato de sodio, sosa, azufre, que están catalogadas por las directrices europeas como tóxicas e irritantes y que tienen prohibida, como consta en las fichas de seguridad, su manipulación al aire libre», según el escrito presentado en el Seprona.
La plataforma subraya que el movimiento afecta a miles de viviendas y centros de trabajo, pero «especialmente a los centros escolares del entorno en el que estudian 4.000 alumnos». Especial exposición sufren los escolares del colegio Benalúa, ubicado a menos de 500 metros de los muelles, en el que incluso han llegado a suspenderse exámenes en una clase al faltar un mismo día 15 de los 26 niños, «algo que debiera poner en guardia a Sanidad y la propia Conselleria de Educa» aseveró ayer José Santamaría.
La Organización Mundial de la Salud establece la medida de 20 miligramos/metro cúbico de partículas como valor máximo a partir del cual una exposición prolongada en el tiempo puede provocar afecciones importantes para la salud. Los vecinos facilitaron ayer datos al Seprona que revelan que entre el 1 y el 25 de noviembre «en el 75% de los días con actividad de graneles se alcanzaron concentraciones entre 57 y 95 miligramos de media diaria, cuando la legislación española fija el límite en 40. Se han llegado a alcanzar picos de 240 microgramos», sentenció Santamaría.
La Conselleria de Medio Ambiente abrió a primeros del pasado noviembre un segundo expediente sancionador -tres delitos calificados como graves y que llevan una multa de 70.000 euros- al Puerto de por seguir incumpliendo las medidas correctoras que le exigió la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental para darle la autorización ambiental del movimiento de graneles en los muelles 11, 13, y 17 del Puerto. Permiso que expira en abril de 2018 pero sobre el que pesan ya dos expedientes, uno abierto el pasado agosto y otro el actual.
En concreto, los técnicos de Calidad Ambiental han comprobado los cinco medidores instalados en el Puertoy han detectado que el movimiento de graneles incumple la normativa ambiental, al haberse comprobado que entre el 18 de agosto y el pasado 25 de octubre, la carga y descarga de graneles superó en 20 días los límites de concentración de partículas contaminantes (PM10), en ocasiones, hasta cuatriplicando el nivel máximo permitido como figura en el medidor Alacant T-Frutero, según figura el informe de Medio Ambiente. Los técnicos señalan también en su informe que las pantallas cortavientos no tienen la altura establecida en la autorización ambiental del 21 de noviembre de 2016.
En concreto, en la estación Alacant Parc-Mar se han superado hasta en 20 ocasiones la media diaria de emisiones y en 60 días desde que se puso en servicio. En la de Alacant-Frutero se ha superado en 19 días valores horarios que doblan la concentración permitida de partículas en suspensión, y en alguna ocasión hasta se llegaron a cuatriplicar los valores. En Alacant-ISM se superaron en seis días y en Alacant-Pesquera el desfase también fue de seis días.
El expediente supone, en la práctica, una prórroga hasta enero de 2018 del abierto en agosto al Puerto para completar la adopción de medidas para corregir el impacto ambiental que provoca en el entorno urbano de los muelles el movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17, debido a que, en base a la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, los expedientes de este tipo caducan a los tres meses.
Lo cierto es que la situación que se vive en torno al movimiento de graneles del Puerto ha provocado, incluso, la confusión de los afectados, que no terminan de entender el porqué de que el propio Consell alerte de que se sigue produciendo contaminación, abre expedientes sancionadores pero no termina de hacer cumplir el punto 10 de la autorización ambiental otorgada en noviembre de 2016, cuando instó a iniciar la tramitación de las naves cerradas. A esto se une la firmeza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Alicante, que ya ha fallado dos veces, de manera cautelar, a que siga la operativa hasta que decida cuál es la fórmula administrativa que regule la actividad: la actual Declaración Responsable de las empresa o la licencia ambiental municipal que reclamó el exvicealcalde Miguel Ángel Pavón. Dos temas diferentes, contaminación y procedimiento administrativo, que han acabado por sumir a los afectados en un mar de dudas.
Por otro lado, Felipe Fuster, director de la empresa Alicante Port, una de las tres mercantiles que mueve graneles en el Puerto, rechazó ayer las acusaciones lanzadas contra él por Esquerra Unida señalándole como una de las personas que amenazó al edil Miguel Ángel Pavón (Guanyar) en el último pleno municipal. «Es totalmente falso. Ni le insulté ni amenacé. Le dije en cuatro ocasiones que mentía. Eso no es ni insultar ni amenazar».
