El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha ratificado este viernes ante el juzgado de instrucción número 2 la declaración que realizó ante la Fiscalía por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del portavoz del PP en el consistorio Luis Barcala. Así, ha defendido que el despido vino avalado por dos técnicos y ratificado por una letrada municipal por estar "en fraude de ley".

El caso es uno de los dos procedimientos judiciales en los que está investigado Gabriel Echávarri. El otro, en el que está procesado, hace referencia al supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Echávarri ha informado, sobre su declaración ante la jueza, que ha sido "muy rápido" porque "no ha habido más preguntas por parte del fiscal". "Es un procedimiento que sigue abierto y a esperar, nada más", ha afirmado a preguntas de los medios en el Salón Azul del consistorio, antes de la presentación de los carteles de fiestas.

"Me he ratificado en lo que se contó; volvemos a insistir en que se tomó una decisión avalada por dos técnicos de Recursos Humanos y ratificada por una letrada del Ayuntamiento diciendo que había una situación de fraude de ley". Por esta razón, ha reiterado que, "por tanto, es una decisión conforme a derecho y a ley". "Y desde ese punto a ver qué es lo que se decide".

Preguntado sobre si opinaba que debería cerrarse la investigación, ha manifestado: "Ni creo ni no creo. Eso ya se verá y de futuribles opinaremos cuando se den los resultados". Asimismo, ha dicho ser "optimista por naturaleza", y ha negado que la juez le haya dicho nada sobre si iba a solicitar nuevas diligencias: "Simplemente he ido a declarar".

REUNIÓN CON INTERINOS

En cuanto al encuentro que mantuvo ayer jueves con trabajadores interinos del Ayuntamiento, el alcalde ha aseverado que hablan "el mismo idioma" porque se dejó "claro", en base a un informe de un catedrático de universidad sobre la posibilidad de consolidar los puestos, que existen dos situaciones "distintas".

"Los interinos con cargo a plaza, que son los que defienden esa regularización. Son personas que han hecho un examen, que se han presentado a una oposición con todas las garantías y que, por cualquier cosa, no obtuvieron la plaza y luego se les llamó", ha indicado.

Por contra, están los interinos sin cargo a plaza, "dos o tres personas", que accedieron con un proceso "más opaco, más restringido, que no defienden la consolidación".

"Solo desde ese punto de vista, nuestro compromiso es regular y consolidar a toda aquellas personas que se sometieron a un proceso abierto y plural, que por cualquier cosa no entraron, pero que demostraron su capacidad y valía para trabajar en la administración; y, el no consolidar, sino sacar las plazas a la libre oposición de los alicantinos, de las personas que son interinos sin cargo a plaza", ha relatado.

Diez minutos de declaración de Echávarri

Diez minutos. Es el tiempo que ha durado la declaración en los juzgados de Benalúa del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. El regidor ha llegado a las 9.15 horas, quince minutos antes de la hora a la que estaba citado para declarar por el despido de una trabajadora interina del Ayuntamiento de Alicante, que a su vez es cuñada del portavoz municipal, Luis Barcala. En su comparecencia ante la jueza ha ratificado las declaraciones que hizo a la fiscalíafiscalía, por lo que no ha dado lugar a más preguntas. A su salida de los juzgados ha rehusado hacer declaraciones ante los medios de comunicación, ya que ha anunciado que comparecerá a lo largo de la mañana en el Ayuntamiento.

Echávarri ha entrado a los juzgados junto a su abogado, José Díaz; su jefe de Gabinete de Alcaldía, su jefa de prensa y su escolta. Esta mañana también ha declarado el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez. Al igual que el alcalde, su comparecencia ha sido muy breve, ha durado apenas cinco minutos.

El primer edil socialista, procesado en otra causa por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, ha abierto los interrogatorios minutos después de las 9.30 horas en el juzgado de Instrucción número 2 de Alicante.

La magistrada Patricia Romero admitió a trámite recientemente la denuncia presentada por la Fiscalía contra ambos cargos socialistas, al entender que existen indicios que apuntan a que pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación.

El fiscal ya interrogó el pasado mes de octubre a Echávarri y Giménez en calidad de investigados dentro de unas diligencias de investigación propias, derivadas de la denuncia presentada por dos dirigentes vecinales.

El despido de la trabajadora, Catalina Rodríguez, una empleada interina adscrita a la Concejalía de Cultura, se produjo el pasado mes de abril, días después de que su cuñado, el popular Luis Barcala, denunciase al alcalde ante la Fiscalía Anticorrupción por las contrataciones de la Concejalía de Comercio por las que se encuentra procesado.

Unos días después, la Concejalía de Recursos Humanos revocó el despido de la cuñada de Barcala y la readmitió a instancias del pleno de la corporación municipal.

En su declaración ante el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, el pasado 25 de octubre, el alcalde negó que el despido de la funcionaria interina respondiera a una represalia contra Barcala y alegó que la situación laboral de ésta constituía "un fraude de ley" y podía ser denunciado por los sindicatos.