Guanyar propondrá al próximo pleno municipal que vuelva a reprobar al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que ya fue reprobado en la última sesión ordinaria. Según el portavoz de Guanyar y exsocio del tripartito, Miguel Ángel Pavón, la situación judicial que afecta al alcalde, procesado por presunto fraccionamiento de contratos e investigado por el despido de una trabajadora municipal, «debe comportar la renuncia inmediata a la Alcaldía para evitar perjuicios innecesarios a la dignidad de la ciudad y del Ayuntamiento». Sin embargo, la negativa de Echávarri a dejar el cargo, lo que provocó la ruptura del tripartito, «amenaza -para Pavón- la gobernabilidad de la ciudad». Así, Guanyar elevará una declaración institucional al pleno de este mes, previsto para el próximo jueves 30 de noviembre, para que el Ayuntamiento repruebe a Echávarri «por no renunciar a la Alcaldía».

En el último pleno ordinario, la corporación reprobó al alcalde, Gabriel Echávarri, en una declaración institucional llevada al pleno por el grupo de Ciudadanos, que contó con el respaldo del PP y la abstención de Guanyar Alacant (entonces socio de Echávarri), y de los dos ediles no adscritos. Sólo PSOE y Compromís (que por entonces todavía continuaba en el gobierno) votaron en contra.

Control en comisión

Por otro lado, el PP anunció ayer la presentación de una moción para la «modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de las comisiones permanentes del pleno por la situación de excepcionalidad política actual». Los populares instan así al pleno a fijar «una periodicidad semanal para las comisiones, en las que se darán cuenta los asuntos de su competencia que vayan a ir indistintamente al pleno o a la Junta de Gobierno», debido al «contexto de ingobernabilidad e ilegitimidad del Ayuntamiento alicantino.

En la misma línea, Cs lleva al pleno una moción a favor de la creación de una comisión no permanente de vigilancia de las contrataciones municipales. El objetivo, según explica Cs, es «analizar los contratos (también los menores) para garantizar los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia y eficacia».