El delegado del gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo, ha trasladado a las ayuntamientos a los que suministra agua potable de que el precio del agua desalada es mucho mayor que del trasvase del Tajo y que si sigue así la situación «habrá un momento en que habrá que incrementar el precio» al que se niegan los municipios. Respecto a la subida tarifas, indicó que el agua desalada «es mucho mas cara que la del trasvase», por lo que entre sus previsiones está que se incremente sensiblemente el precio en 2018.
La Mancomunidad ha podido contrarrestar hasta ahora el sobrecoste gracias a una inyección de 11 millones de euros del ministerio para unas obras de emergencia en el suministro. El agua desalada le cuesta al Taibilla 0,40 euros el metro cúbico -cuatro veces más que la del Tajo-, por lo que todo apunta a una revisión de los precios al alza el año que viene para aplicar a los 34 municipios de la provincia que reciben agua potable de la Mancomunidad. Alicante, Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, San Vicente y toda la Vega Baja. Además, tras el cierre del trasvase del Tajo el pasado mayo y el bajón de las reservas propias, el caudal de agua desalada del Taibilla el 60% del total que distribuye.
Ni reordenación de los recursos del Tajo, ni la interconexión del Duero con el Tajo, ni, mucho menos, un trasvase moderado desde el Ebro, como han reclamado los regantes. El Ministerio de Agricultura ha terminado por asumir al completo las teorías de la exministra socialista Cristina Narbona para solucionar los problemas de abastecimiento de agua en Alicante y cede a las desaladoras el protagonismo inmediato en la lucha contra la sequía. No se esperaba mucho del encuentro Consell/Gobierno, pero ayer la ministra Isabel García-Tejerina se lo dejó claro al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su reunión en Madrid.
El agua del Tajo llegará cuando se pueda y la solución a corto/medio plazo pasa por la ampliación de la capacidad de desalación de la macroplanta de Torrevieja (cerrada ahora también para los agricultores) hasta los 80 hm3 a mediados de 2018 y en el futuro hasta los 120 hm3 de un caudal que seguirá siendo subvencionado para los agricultores, pero que comienza a presentar también problemas al contener boro, metal que reseca los árboles, según han denunciado el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
No hay más. Se van a abrir nuevos pozos de sequía y, por lo demás, esperar a que llueva en lo que queda de otoño, el invierno y la próxima primavera, sobre todo en la cabecera del Tajo, sobre los embalses de Entrepeñas y Buendía donde, como asegura el catedrático Antonio Gil Olcina, es difícil encontrar una solución porque está tan expuesta a las sequía como el sur de Alicante.
El envío de agua desde el Tajo seguirá cerrado hasta que llueva porque desde el próximo 1 de enero la línea roja a partir de la cual la ley impide trasvasar a Alicante y Murcia se eleva a los 400 hm3. Esta semana, el complejo de Entrepeñas y Buendía almacena 238 hm3, casi doscientos menos que en noviembre de 2016 y el acueducto está cerrado desde mayo, seis meses ya.
Ximo Puig trasladó a la ministra de Agricultura las demandas de los regantes y, especialmente, de la provincia de Alicante, ante la «grave» sequía que padece el territorio y reivindicó la adopción de medidas urgentes y acciones estructurales para hacer frente a esta situación «extrema» del campo. No tuvo suerte porque la ministra le trasladó que de trasvase extraordinario -el mismo que aprobó Felipe González en la sequía de 1995- nada.
Puig sí insistió durante el encuentro al que acudió acompañado de la consellera Elena Cebrián en la urgencia de adoptar actuaciones de emergencia que pasan por un plan extraordinario que incluya una trasvase urgente desde el Tajo y la puesta en marcha de todos los recursos de la cuenca del Segura, sobre todo, de los pozos de sequía. «En una situación de crisis tenemos que dar una solución lo más contundente posible», subrayó.
Eliminar el «tasazo» del Tajo
Paralelamente, Puig expuso la necesidad de adoptar actuaciones estructurales, y reivindicó que el Plan Nacional del Agua incorpore la voz de los agricultores, en especial los de las zonas más afectadas por la sequía, como las comarcas de la Vega Baja, el Vinalopó y el conjunto de la provincia de Alicante.
Estas medidas estructurales deben contemplar también, según Puig, la necesidad de incrementar los recursos disponibles, a través de un plan de reutilización de aguas regeneradas que debería plasmarse en un convenio con el ministerio y permitir que la Generalitat sea quien otorgue las concesiones de aguas regeneradas; la utilización de toda la capacidad de las desaladoras; la construcción de embalses de cola; un plan de desalobración y la moratoria en las tarifas del agua del trasvase Tajo-Segura que el Gobierno aprobó el pasado mes de junio. El «tasazo» que el ministerio quiere mantener por utilizar la infraestructura del trasvase Tajo-Segura pese a que no circule agua.
El jefe del Consell también trasladó a García-Tejerina el «gran esfuerzo» de regantes y agricultores «por utilizar de una manera más eficiente el agua», dirección en la que se va a continuar. «La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas donde más se reutiliza el agua, donde hay más depuración, pero necesitamos también ayudas para una serie de cuestiones que hagan más efectivo el uso de esa agua depurada por los agricultores», reclamó Puig. Recordar, en este sentido, que solo dos de las 180 depuradoras de la provincia disponen de tratamientos para que el agua residual depurada pueda ser reutilizada en la agricultura, competencia que sí es de la Generalitat.
