Usted ha dejado sus competencias con una tanda de decretos de última hora con un evidente mensaje político. ¿No había tenido tiempo de firmar la reordenación de Gabriel Miró? En el primer aniversario del tripartito, dijo que se haría «en breve».
Tocaba hacerlo ahora, nadie más lo iba a hacer, pero lo pude firmar antes. Es cierto que, dado que no concitaba el apoyo del señor Echávarri, decidimos esperar para ver qué ocurría con el Catálogo de Protecciones, porque también había gran hostilidad hacia él. Dejamos la reordenación en «stand by» para no enturbiar el ambiente.
Intentaron, entonces, anteponer la aprobación del Catálogo de Protecciones a la reordenación de la plaza de Gabriel Miró.
Sí, aunque tampoco salió adelante el Catálogo de Protecciones. Finalmente, aprobamos la reordenación de los veladores porque el trabajo estaba hecho. También era importante Castaños.
Sin embargo, no ha conseguido aprobarlo en este tiempo...
Evidentemente, pero en cuanto los técnicos tuvieron la propuesta, convocando a vecinos y hosteleros.
Lo hicieron, también, un día antes de renunciar a las competencias. ¿No se arrepiente de no haber sido más ágil y dejar también esa reordenación de veladores aprobada?
Probablemente, pero estábamos en un equipo de gobierno donde el PSOE era reacio. No queríamos enturbiar más el ambiente hasta que vimos que la situación ya no tenía ninguna salida. Supongo que ya no aprobarán la reordenación de Castaños y su entorno, que se ha quedado por ahora a medias.
También a última hora, la semana pasada, firmó la suspensión cautelar de los graneles del Puerto. ¿Le han podido las prisas?
Eso tiene un largo recorrido. El recurso a las empresas está contestado, fuera de plazo, sí, pero está contestado y es válido. No contestar es un silencio negativo. Es un tema que acaba en los tribunales, como otros muchos temas en esta ciudad. Es algo común, y especialmente en la Concejalía de Urbanismo, esté quien esté al frente. Es un tema candente y, por fin, el Ayuntamiento de Alicante ha aplicado la ley, mientras el PP estuvo veinte años mirando a otro lado.
En un sector del que dependen unos 2.000 trabajadores en la ciudad de Alicante, ¿no se podía haber llegado a un acuerdo y evitar el decreto de suspensión de la actividad?
Hubieran solicitado licencia ambiental... ¿Por qué esa resistencia de las empresas? No me han dejado otra salida, no puedo estar dando plazos hasta el infinito, todo tiene un límite porque hablamos de una actividad contaminante. La Generalitat también lo tiene muy claro. Yo me he apoyado en el informe de una jurista de este Ayuntamiento. Y me hace mucha gracia que el señor Barcala [PP], que es abogado, me critique por aplicar la ley. Yo sé que hay muchos puestos de trabajo que dependen de esta actividad, los sindicatos me habían pedido que no paralizase la actividad... Si las empresas hubieran pedido licencia ambiental, no hubiese ordenado el cese de actividad.
