El aumento de la utilización de agua desalada en la provincia debido al cierre del trasvase Tajo-Segura provocará que el caudal que reciben los municipios se incremente hasta un 21%, una media de entre diez y quince céntimos de euro el metro cúbico, en 2018. Aumento que, en función de las decisiones de cada Consistorio, se aplicará a los ciudadanos vía recibo. Las últimas subidas del agua del Taibilla a los municipios dejó la tarifa en 0,58 euros/m³ en 2010 y en 0,69 este año.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla ya ha anunciado que no va a quedar más remedio que subir los precios -no ha fijado cuantía- salvo que, algo poco probable, lleguen las lluvias. El agua desalada le cuesta al Taibilla hoy una media de 0,60 euros el metro cúbico -tres veces más que la del Tajo-, y la Mancomunidad se la vende a los ayuntamientos a 0,69 euros/m³.

Los 34 municipios de la provincia que reciben agua potable de la Mancomunidad, entre ellos, Alicante, Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, San Vicente y toda la Vega Baja consumen el 40% de los recursos que maneja el Taibilla, 74,4 hm³ al año.

Hasta 2016 -último dato oficial- los recursos hídricos que manejaba la Mancomunidad llegaban el propio río Taibilla (49,8 hm³), desaladoras (57,5 hm³) y Tajo (72,5 hm³). Desde mayo de este año el caudal del trasvase ha desaparecido. Con todo, según los datos que maneja el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, la provincia necesita para cubrir todas las demandas (abastecimiento, riego agrícola, industrial y caudal ambiental) un total de 900 hm3 al año. De recursos propios maneja 650 hm3, en los que se incluye la desalación, acuíferos y ríos, por lo que necesita 250 hm3 de trasvases, bien del Tajo, cerrado desde mayo, o del Júcar-Vinalopó, que de los 80 hm3 previsto solo envía 15 hm3.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla mantiene prácticamente congeladas desde 2010 las tarifas que cobra por el servicio a los ayuntamientos y entidades públicas a los que abastece en Alicante, Murcia y Albacete. Una decisión que se pudo mantener hasta 2016 por la menor utilización del agua desalada. La situación pluviométrica de la Mancomunidad del Taibilla es, sin embargo, hoy, pésima en la propia cuenca, que ha visto reducirse progresivamente las aportaciones al río, que en el año 2010 eran de 60 hm3 al año.

La Mancomunidad distribuye todos los ejercicios unos 200 hm3 de agua de los que sólo un 28% procedían hasta ahora de las plantas desaladoras (58 hm3); un 42% del trasvase Tajo-Segura (90 hm3) y un 29% del río Taibilla (60 hm3). Porcentajes que ahora no se pueden cumplir por la sequía, la más grave de los últimos 150 años. Es más, en estos momentos el 60% del agua que distribuye el Taibilla es desalada.

Horizonte 2025

Por otro lado, expertos consultados por el periódico sostienen que la desalación de agua del mar y los recursos propios del río no serán suficientes para atender la demanda de agua potable prevista en los 79 municipios a los que abastece -34 en la provincia de Alicante más todos los de Murcia y dos de Albacete- en el horizonte de 2025. El Taibilla calcula que los 2,5 millones de residentes -800.000 más en verano- que beben de los recursos de la Mancomunidad consumirán 300 hm3 anuales, de los que sólo 190 hm3 llegarían de todas las desaladoras si se ponen en marcha.

El anuncio de la Mancomunidad de Canales del Taibilla de que no queda otro remedio que incrementar el precio del agua que sirve a los municipios no ha sentado bien. En Murcia -58% de la población abastecida- el rechazo en total. En Alicante, ayer se optó por el silencio, algo en lo que se escudaron el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, no es su mejor día y el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, paradójicamente dos de los municipios más perjudicados por la subida de tarifas.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, lamentó la medida pero subrayó que «tenemos la obligación de utilizar todos los medios a nuestro alcance para evitar que la sequía afecte al abastecimiento del consumo humano».

El Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante advierte, por otro lado, de que la puesta en marcha a pleno rendimiento de la desaladora de Mutxamel, aprobada por el Gobierno cuando cambió el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó, provocará, por sí sola, un incremento de 15 millones de euros al año en el coste del agua potable en las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, debido a que serán los ciudadanos los que tendrán que asumir el coste de un recurso (agua depurada del mar) que cuesta diez veces más que el caudal de los trasvases o el que se extrae de los acuíferos subterráneos.

El catedrático Antonio Rico, director del Instituto, sostiene, en este sentido, que sólo analizando este sobrecoste (el agua desalada cuesta sobre el euro el metro cúbico por los 0,20 euros que se pactaron para el caudal del trasvase del Júcar), resulta urgente que el Ministerio de Agricultura y el Consell resuelvan el bloqueo que sufre el Júcar-Vinalopó. Rico advierte, además, de que hoy por hoy, utilizar agua de la desembocadura del Júcar (Cullera) para consumo doméstico o, incluso, el riego de ciertas hortalizas, podría entrañar riesgos para la salud pública.