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Cerca de medio millar de maltratadores reinciden cada año en la provincia

Los jueces apuestan por reforzar los medios destinados a la evaluación de riesgos de las víctimas en el momento en que acuden a presentar la primera denuncia

La muerte a tiros el pasado miércoles en un colegio de Elda de Jessyca Bravo a manos de su expareja, Imanol Castillo, mientras recogía a su hijo de tres años ha vuelto a poner en evidencia las medidas para la protección de las víctimas de violencia de género. La mujer había denunciado a su futuro asesino hasta en tres ocasiones y éste, dos días antes de sentarse en el banquillo por un nuevo incidente se acercó a su víctima y disparó contra ella cinco veces. Según los datos de la Fiscalía de Alicante, una media de 461 maltratadores cada año acumulan más de una denuncia por hechos de violencia de género. Desde 2004, fecha en la que entró en vigor la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, hasta ahora hay un total de 6.216 maltratadores que acumulan dos o más denuncias.

Año tras año, las cifras por violencia doméstica se mantienen en niveles similares sin que se reduzcan ni el número de denuncias, ni el de víctimas mortales. En lo que va de año, la Fiscalía ya lleva contabilizadas 3.750 denuncias por todo tipo de violencia familiar, frente a las 3.899 del año pasado. Aunque aún faltan poco menos de dos meses para que finalice 2017 y las cifras se mantienen en parámetros similares.

De todos estos casos, un total de 3.409 presuntos agresores son hombres, mientras que 203, mujeres. A lo largo de este año, hay víctimas y agresores de todas las franjas de edad, aunque suben entre jóvenes y ancianos. Un total de 78 casos corresponden a personas más jóvenes de 18 años; entre 18 y 30 años se registraron 1.093 denuncias; mientras que el mayor número se da entre el colectivo entre 30 y 50 años, con 2.967. Un total de 401 son personas mayores de 50 años.

El de Jessyca es el segundo crimen de violencia machista que se comete en la provincia este año, las mismas víctimas mortales que el año anterior. En el otro caso registrado, un británico de 86 años que degolló a su esposa en una residencia de ancianos de El Campello, el homicida también trató de suicidarse y falleció pocos días después en el Hospital.

El delito más común en las denuncias por violencia de género son los casos de maltrato leve, seguido por las amenazas y el quebrantamiento de la orden de alejamiento. En lo que llevamos de año, un total de 571 maltratadores fueron denunciados por romper la orden de alejamiento para volver a acercarse a sus exparejas y se les imputó un nuevo delito. En 2016 fueron 614.

Jueces y fiscales consultados por este diario señalaron que a todas las denuncias que se registran siempre se les da la mayor celeridad, aunque admiten que hay casos en los que era muy difícil de anticipar cuál iba a ser la respuesta del futuro homicida. En el crimen machista de Elda, el asesino fue absuelto en su primer juicio en 2014 después de que su expareja se negara a declarar contra él.

Según la estadística de la Fiscalía, un total de 379 mujeres han retirado las denuncias contra sus agresores hasta noviembre, lo que supone un incremento ya que en 2016 fueron 320. Fuentes judiciales, no obstante, admitieron que lo más habitual es que las víctimas que se retractan lo hagan en el mismo momento del juicio y ese dato rara vez acaba reflejado en las estadísticas, por lo que no existen cifras reales.

El papel de la reeducación

Un año más tarde, Jessyca Bravo volvió a denunciar a su expareja por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Esta vez la agresión se solventó con una conformidad, en la que el acusado rebajó la condena tras admitir los hechos. Además de la orden de alejamiento, el juzgado le impuso una pena de cuarenta días de trabajos en beneficio de la comunidad. En esta ocasión, el juez no consideró necesario enviar al acusado a los cursos de reeducación de maltratadores que la Audiencia de Alicante viene impartiendo desde 2004.

El coordinador de estos cursos, Carmelo Hernández, aseguró a este diario que estos programas formativos siguen siendo una respuesta eficaz para prevenir nuevos casos. Del total de 155 maltratadores que pasaron por el programa durante el último año, seis dejaron de asistir a las sesiones. Dos de ellos por motivos de salud, otros dos por razones laborales y otros dos por causas que se desconocen.

«En todo caso, serán los jueces los que determinen cuáles son las consecuencias penales del abandono del programa», explicó Hernández. Asimismo otras cuatro personas han ingresado en prisión mientras estaban realizando el curso. Las mismas fuentes apuntaron que el encarcelamiento fue por tener causas abiertas al momento en que se incorporaron al programa.

El magistrado alicantino Vicente Magro, miembro del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, apostó por potenciar las medidas de valoración del riesgo de las mujeres que acuden a denunciar por primera vez. «Se falla en la determinación del riesgo de la víctima. A primera vista parece que se trata de casos que son casos leves pero a veces se olvida que quien acude a denunciar ha podido estar sufriendo maltrato durante años», explicó.

En este sentido incidió en que la concesión de las órdenes de protección está bajando en toda España. «Hace falta tener expertos en determinar riesgos tanto en la Policía como en los forenses para hacer una precisión más exacta», aseguró, aunque admitió que esto exige un compromiso presupuestario fuerte para dotar de estos medios a los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Magro apostó también por la presencia de criminólogos que no sólo sean capaces de valorar el riesgo con el examen de la víctima, sino también de los propios agresores y de evaluar de qué son capaces.

Para el magistrado otra medida que se debe valorar es la imposición de las medidas de libertad vigilada de manera cautelar para los agresores mientras esté abierta la instrucción de la causa. En el proyecto de ley que está redactando el Gobierno con las 258 propuestas del Congreso y el Senado para combatir la violencia machista, la libertad vigilada se contempla para los maltratadores, pero sólo una vez que se haya dictado la sentencia.

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