La Conselleria de Medio Ambiente ha abierto un segundo expediente sancionador -tres delitos calificados como graves y que llevan una multa de 70.000 euros- al Puerto de Alicante por seguir incumpliendo las medidas correctoras que le exigió la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental para darle la autorización ambiental del movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17 del Puerto. Permiso que expira en abril de 2018 pero sobre el que pesan ya dos expedientes, uno abierto el pasado agosto y otro el actual.
En concreto, los técnicos de Calidad Ambiental han comprobado los cinco medidores instalados en el Puerto han detectado que el movimiento de graneles incumple la normativa ambiental, al haberse comprobado que entre el 18 de agosto y el pasado 25 de octubre, la carga y descarga de graneles superó en 20 días los límites de concentración de partículas contaminantes (PM10). En ocasiones, hasta cuatriplicando el nivel máximo permitido como figura en el medidor Alacant T-Frutero, según figura el informe de Medio Ambiente. Los técnicos señalan también en su informe que las pantallas cortavientos no tienen la altura establecida en la autorización ambiental del 21 de noviembre de 2016.
En concreto, en la estación Alacant Parc-Mar (existente antes ya de agosto de este año) se han superado hasta en 20 ocasiones la media diaria de emisiones y en 60 días desde que se puso en servicio. En la de Alacant-Frutero se ha superado en 19 días valores horarios que doblan la concentración permitida de partículas en suspensión, y en alguna ocasión hasta se llegaron a cuatriplicar los valores. En Alacant-ISM se superaron en seis días y en Alacant-Pesquera el desfase también fue de seis días.
Medio Ambiente considera que se han cometido tres infracciones graves en relación a lo establecido en la autorización ambiental. La primera, que no se ha puesto en conocimiento «inmediato» de la Generalitat y no se han tomado las medidas necesarias cuando ha existido, según el informe, una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de las concentraciones elevadas de partículas detectadas en las estaciones medidoras, que pueden suponer riesgo para la salud de las personas.
En segundo lugar, los técnicos estiman que no se aplican adecuadamente la medidas correctoras y requisitos técnicos en determinados momentos del desarrollo de la carga y descarga de graneles, puesto que la altura de los acopios (montañas de cemento) supera la altura de las pantallas instaladas. En la autorización se establece que la altura móviles debe ser siempre superior a la altura del acopio, «al menos en una distancia equivalente al 10% del lado mayor de su base».
Y la tercera falta, según la documentación a la que tuvo ayer acceso este periódico, que las estaciones de control, en concreto tres equipos de medición contínua de las partículas PM10, entraron en funcionamiento con retraso, fuera del plazo establecido de seis meses otorgado en la autorización, «lo que ha dificultado el seguimiento y control del cumplimiento de los valores de calidad del aire para la protección de la salud». La infracciones podrían dar lugar a la imposición final de multas de hasta 200.000 euros y prohibición o clausura temporal, total o parcial de las actividades durante dos años. El Puerto tiene tres meses para corregir los hechos denunciados por los técnicos.
El expediente abierto ahora supone, en la práctica, una prórroga hasta enero de 2018 del expediente abierto en agosto al Puerto para completar la adopción de medidas para corregir el impacto ambiental que provoca en el entorno urbano de los muelles el movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17, debido a que, en base a la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, los expedientes de este tipo caducan a los tres meses.
La Autoridad Portuaria puede alegar durante 15 días desde que reciba la notificación y debe acreditar que está tomando medidas correctoras también para evitar la emisión de partículas. Si no lo hace y reconoce su responsabilidad en lo hechos denunciados el importe del sanción tendrá una reducción del 20%.
La apertura de este nuevo expediente sancionador coincide con un informe de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana, de la que forma parte la alicantina Gran Vía Sur-Puerto, denunciando lo mismo que el estudio oficial de la Generalitat. Pese a las medidas correctoras puestas en marcha para mover graneles, siguen produciéndose emisiones contaminantes a la atmósfera que afectan a los vecinos que viven en el entorno del Puerto.
