Un día después de su procesamiento por el fraccionamiento de contratos en Comercio, el alcalde de Alicante sumó ayer una segunda imputación judicial. La juez Patricia Rimero ha llamado a declarar al socialista Gabriel Echávarri y a su concejal de Personal, Carlos Giménez, como investigados (término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, tras la denuncia por prevaricación presentada por la Fiscalía.
La magistrada titular del juzgado de Instrucción número dos de Alicante les ha citado para dentro de algo más de dos semanas, el próximo viernes 24 de noviembre. El alcalde declarará en primer lugar, a las 9.30 horas de la mañana y una hora después, comparecerá el concejal de Personal. La fecha casi coincide con el día en que se cumple un mes desde que Echávarri declaró en la Fiscalía por estos hechos, el 26 de octubre.
Los dos reveses judiciales para la carrera política del alcalde se han producido con apenas 24 horas de diferencia. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que todo apunta a que la celeridad con la que se tramitará esta causa puede ser similar a la del fraccionamiento de contratos, ya que buena parte de la investigación se ha realizado en la Fiscalía durante cerca de seis meses de pesquisas.
El juzgado ha admitido a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra ellos el pasado 31 de octubre y ha acordado las diligencias que le reclamaba el Ministerio Público, entre ellas la declaración de los dos ediles. Ambos ya tuvieron que ir a dar explicaciones sobre estos hechos durante la investigación que abrió el fiscal tras una denuncia presentada por los dirigentes vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata. La magistrada ha hecho un ofrecimiento de acciones a la trabajadora cesada, Catalina Rodríguez, quien, por el momento a preguntas de este diario, ha declinado reclamar nada por estos hechos, así como hacer valoración alguna porque la causa haya terminado en el juzgado.
El despido de Catalina Rodríguez se produjo el pasado 20 de abril, días después de que el portavoz municipal del PP presentara una denuncia en la Fiscalía contra Gabriel Echávarri por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. El propio alcalde reconoció en las redes sociales que, aunque el despido era una decisión que se venía fraguando desde tiempo atrás, la denuncia de Luis Barcala podría haber acelerado su ejecución. Fueron los dirigentes vecinales citados quienes presentaron la denuncia en la Fiscalía al entender que el despido de Catalina Rodríguez pudo ser una represalia, ya que fue la única de los interinos despedida por el alcalde. José Luis Valdés ya ha anunciado que se va a personar en la causa como acusación particular, al considerar que tener a medio centenar de interinos trabajando en el Ayuntamiento de Alicante con el consentimiento de las autoridades municipales y de los sindicato es un fraude de ley. Tanto el PP como Ciudadanos han descartado personarse como acusación particular en la causa.
El pretexto del fraude de ley
Catalina Rodríguez se encontraba trabajando como interina en el Museo de la Lonja en el momento de su cese. El alcalde justificaba su decisión en que el mantenimiento de la trabajadora en ese destino era un fraude de ley, porque no se encontraba en el destino original para el que fue contratada. La trabajadora fue readmitida después de que el pleno desautorizara la decisión del primer edil.
Durante los cerca de seis meses que duró la investigación preliminar, los dos investigados fueron llamados a la Fiscalía para dar explicaciones sobre los motivos y las circunstancias del despido. También fueron los funcionarios como testigos que redactaron el decreto del despido y una asesora jurídica del Ayuntamiento y que previsiblemente serán ahora citados por el juzgado.
La decisión de la Fiscalía de presentar la denuncia en el juzgado se basó en el análisis de estas declaraciones, así como de la documentación remitida por la Corporación. Según las fuentes consultadas por este diario, el informe de la concejalía de Cultura donde trabajaba la interina cesada por Echávarri ha sido una de las pruebas que se han considerado decisivas.
El documento remitido por el edil de Guanyar Daniel Simón, responsable de esta competencia, sostenía que desde Cultura nunca se solicitó prescindir de los servicios de Catalina Rodríguez. En el citado informe, se explicaba cuál era la situación de la interina y la de otros compañeros que se encontraban en su misma situación trabajando para la concejalía. Catalina Rodríguez fue contratada en el año 2010 con el cometido de poner en marcha las Cigarreras y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). En el momento del cese estaba en el Museo de la Lonja, por decisión de la concejalía y sin que nadie hubiera planteado cesarla por esta situación, ni a ella, ni a ninguno de los otros interinos.
El alcalde defendió en la Fiscalía el despido argumentando que lo ilegal hubiera sido no hacerlo, ya que se encontraba en una situación de fraude de ley y por la que se exponía a ser denunciado en cualquier momento por los sindicatos. Por su parte, el concejal de Personal aseguró entonces al fiscal que el despido fue una decisión del alcalde. Los dos investigados ya están personados en la causa donde la denuncia llegó hace algo menos de una semana.
