08 de noviembre de 2017
08.11.2017

Un informe alerta de que solo el 37% del transporte público de Alicante se financia vía billete

La patronal reclama una ley que contribuya a equilibrar el sistema con nuevas vías de aporte de capital como en Francia y Alemania

08.11.2017 | 08:46
Un informe alerta de que solo el 37% del transporte público de Alicante se financia vía billete

El sistema de transporte público urbano en Alicante se financia en un 37,3% con los ingresos por billetes al pagar el autobús, siendo necesario cubrir el resto con recursos y subvenciones públicas, y asegurar así no sólo la prestación del servicio, sino garantizar la movilidad a toda la población, según un informe hecho público hoy por la Asociación del Transporte Público Úrbano (ATUC) a partir de los últimos datos del Observatorio de la Movilidad Metropolitana.

El estudio muestra que el transporte público en conjunto en España se financia en un 53% por ingresos tarifarios. De las 14 ciudades estudiadas, la que cuenta con un sistema más autosuficiente es A Coruña, donde tres de cada cuatro euros son sufragados con los billetes. Por su parte, donde se aportan más fondos públicos en relación al coste total es Tarragona, un 63,6%.

Si bien, como muestran los datos, la primera vía de financiación del sistema de transporte público es el ingreso por billete, la segunda es a través de recursos públicos casi en la misma proporción. Sin embargo, a pesar de esta importancia, lo cierto es que España carece en la actualidad de un marco legal que ordene estas subvenciones y que establezca cuánto tiene que sufragar la administración central, la autonómica y la local, según la asociación.

Para subsanar esta carencia, España debería desarrollar una Ley de Financiación del Transporte Público, como tiene el resto de Europa. Esta norma permitiría conocer cuántos recursos va a recibir una ciudad para financiar el sistema de transporte público con antelación y a un plazo mínimo de cinco años.

La norma incorporaría además vías de financiación alternativas, como sucede en otros países como Francia o Alemania. En Francia está vigente el "Versement Transport", un sistema de tasa directa de la que se hacen cargo empresas privadas con plantillas a partir de once empleados y situadas en localidades de al menos 10.000 habitantes.

El ejemplo alemán, por su parte, consiste en un impuesto llamado "Mineralösteuer", un céntimo "verde" que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público, y que responde a la máxima europea de "quien contamina, paga".

Al mismo tiempo, la norma permitiría hacer un reparto más equitativo de las subvenciones estatales, que en la actualidad se rigen en un 85% por el déficit del billete, mientras que el 15% restante tiene en cuenta aspectos muy importantes como la demanda, la longitud de línea y los criterios medioambientales. Esto implica que haya ciudades que reciben 0,05 euros por habitantes, y en cambio otras superan los 20 euros.

Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, "a pesar de que en las administraciones ha calado la idea de que el transporte público debe ser uno de los ejes de cambio para lograr ciudades más habitables para sus ciudadanos, España tiene una deuda histórica con el sector, que es desarrollar una ley de financiación que permita una mejor reordenación de los recursos y garantice la calidad en el servicio que cada vez más se nos exige".

La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) agrupa a las empresas de transporte público de España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000 empleos y mueve más de 5.000 millones de euros al año en facturación. Gracias a las compañías de bus, metro, tren y tranvía que integran este colectivo, más de 3.000 millones de personas pueden viajar al año. Más información en www.atuc.es

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