La sentencia judicial que tumba el cambio de las calles franquistas en Alicante, hecha pública ayer, abre en el tripartito un nuevo frente ya que no se ponen de acuerdo sobre lo que hacer a partir de ahora, lo que amenaza con bloquear el procedimiento, impidiendo que salga adelante en esta legislatura. Esto sólo sería posible con un acuerdo de Pleno, como considera la juez que debería haberse hecho, del que son partidarios el PSOE y Guanyar, a favor de buscar el voto número 15 que permita sacarlo adelante, pero que no baraja de momento el tercer socio de gobierno, Compromís, responsable del área de Memoria Histórica que promovió el cambio del callejero.

La sentencia de María Begoña Calvet, titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante anula, como reclamaba el PP en su recurso, el acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de noviembre de 2016 relativo al cambio de denominación de 47 calles y plazas del callejero franquista, al considerar que la competencia correspondía al Pleno, en el que están representados todos los grupos políticos.

Sin embargo, ese voto número 15 que necesitan no parece sencillo. El PP y Ciudadanos discreparon en su día en la eliminación de al menos seis plazas y calles al entender que no concurrían en los supuestos recogidos por la Ley de Memoria Histórica (sublevación militar, Guerra Civil o represión franquista). La supresión de la plaza de Calvo Sotelo fue lo que finalmente dinamitó todo posible acuerdo. Los ediles tránsfugas también mostraron sus reticencias. Entre ellos Nerea Belmonte, que ya advirtió que llevarlo a Junta de Gobierno Local y no al Pleno suponía «una falta de garantías»

El tripartito tiene 15 días para recurrir la sentencia, en el segundo revés sobre este procedimiento ya que la juez ordenó en enero la paralización cautelar del proceso acometido por Memoria Histórica y Estadística, área en manos de Guanyar. La magistrada también obligó a reponer las placas predemocráticas que ya se habían retirado. El recurso debe presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia, que como mínimo tardaría un año en pronunciarse.

El gabinete jurídico municipal estudiará en los próximos días si recurre o no. El PSOE y Guanyar creen que hay que buscar otras opciones y son partidarios de intentar un acuerdo de pleno, mientras que Compromís se estanca en esperar a lo que decida la asesoría jurídica. «Aún no se ha decidido nada», aseguró el portavoz de la formación, Natxo Bellido, a la pregunta de si serían partidarios de un acuerdo de Pleno. Bellido remitió a la edil de Memoria Histórica, María José Espuch, también de Compromís, ilocalizable ayer.

La juez se muestra especialmente crítica con el área de Memoria Histórica, recordando que fue esta concejalía la que, en octubre de 2016, acordó alterar el criterio competencial del Pleno para adoptar el acuerdo de cambio de la nomenclatura franquista en cuanto órgano de máxima representación política de los ciudadanos «atribuyendo la misma a la Junta de Gobierno Local». Porque en su fallo la magistrada recoge que «no nos encontramos ante la necesidad de asignar un nombre a un vial o rotonda de nueva creación, ni de un cambio ordinario del nombre de una calle, sino ante el cambio de nombre de un número importante de vías del callejero del municipio, a consecuencia de la aplicación de una norma estatal, de especial calado y trascendencia política».

Desde Alcaldía, en manos del PSOE, se mostraron ayer claramente a favor de un acuerdo de Pleno, órgano que la juez considera que es competente para aprobar el cambio del callejero franquista, y en este sentido recordaron que las sentencias judiciales se acatan siempre. «Si es lo que pide la juez, por supuesto. Si bien estamos de acuerdo con el fondo -retirar el callejero franquista- es posible que las formas empleadas sean mejorables», dijeron.

Guanyar también está por la labor de alcanzar un acuerdo amplio de pleno, previo consenso con el resto de socios de gobierno. «Es una opción y otra buscar el voto 15 -que les daría la mayoría- como se ha hecho con los presupuestos y con otros asuntos. Es algo que veremos la próxima semana, y no creo que el tripartito tenga problema en llevarlo a cabo para conseguir un acuerdo y dejarlo zanjado esta legislatura», dijo ayer Daniel Simón, responsable de Estadística, área que confeccionó las placas nuevas. Pese a la demoledora sentencia, Simón dijo que por un lado están contentos «porque todos los argumentos torticeros que intentaban entrar en el fondo del asunto del por qué se cambiaban las calles franquistas se han desestimado y la jueza sólo ha entrado en la cuestión del órgano competente». «El fin al homenaje al franquismo en las calles de Alicante sigue estando cerca», afirmó.

Desde Alicante Vivo, entidad que formó parte, con voz pero sin voto, de la comisión municipal para la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica que constituyeron todos los grupos políticos y otras entidades al principio del proceso de cambio de calles, pide al equipo de gobierno que no presente alegaciones a la sentencia judicial y que trabaje con ahínco para lograr su aprobación en Pleno. «Zanjaremos así un tema enquistado desde hace años».