El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda. Según la referencia del Consejo de Ministros, los preceptos objeto de impugnación incurren en extralimitación competencial e invaden las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil y planificación general de la actividad económica.
Si bien la ley, dice la nota de prensa del Consejo, tiene por objeto regular el derecho a disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunidad Valenciana, en los apartados objeto de impugnación se extralimita el ámbito competencial. Además, el Consejo también ha aprobado un acuerdo por el que se insta al Gobierno a poner recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunidad valenciana.
Dicho artículo regula la declaración de un hogar en situación de vulnerabilidad social, en cuyo caso determina un procedimiento previo al corte de suministro. Según la referencia del Consejo, la ley autonómica, en su artículo 3, establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro.
Por tanto, el Gobierno argumenta el recurso de inconstitucionalidad en la invasión de competencias y cita la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016 que ya afirmó la preferencia de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, recogidas en la Constitución.
Por su parte, la consellera de Vivienda, María José Salvador, ha lamentado el "ataque directo del Gobierno de Rajoy al derecho de los valencianos a una vivienda digna, un derecho fundamental reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española, además de estar también en la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Salvador ha criticado que "mientras el Gobierno valenciano de Ximo Puig apuesta por reconocer y dar derechos a los valencianos, el Ejecutivo de Rajoy ataca cada uno de los pasos dados para avanzar en el estado de bienestar y se queda de brazos cruzados actuando como el 'perro del hortelano' porque ni legisla ni deja legislar".
Es más, ha recordado que mientras el Gobierno central no legisle "estará incumpliendo el artículo 47 de la Constitución de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada y están impidiendo a las autonomías como la valenciana que tenemos una sensibilidad especial defender este derecho".
De hecho, ha advertido de que el Ejecutivo central alega que esta materia es una competencia exclusiva del Estado pero "ni ha aprobado una verdadera Ley de Segunda Oportunidad ni legisla de manera eficaz para garantizar los derechos sociales, como el derecho al acceso a la vivienda para los colectivos más necesitados" y, sin embargo, "se dedica a tumbar los pasos que las autonomías estamos dando en esta dirección".
Por otra parte, la consellera ha mostrado su "sorpresa y estupor" por la falta de "lealtad institucional ya que no hemos recibido ninguna comunicación oficial del Gobierno", es más, ha recordado que después de la Comisión Bilateral que mantuvieron la Generalitat y el Ministerio el pasado 5 de octubre, los responsables de la Conselleria estaban a la espera de recibir un escrito del Ministerio con una propuesta de texto alternativo para algunos de los artículos de la ley.
Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha demostrado que "no quiere llegar a ningún acuerdo y ha decidido poner de manera unilateral la tacha de inconstitucionalidad a la práctica totalidad de los aspectos básicos de la ley como el reconocimiento al derecho subjetivo de acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada".
Según ha anunciado la consellera, "cuando la Conselleria reciba la comunicación formal del recurso formulado, estudiaremos las posibles vías de actuación para poder intentar dar solución a la necesidad social que existe en la Comunitat Valenciana".
"El Gobierno valenciano no quiere abandonar a los ciudadanos que más lo necesitan y seguiremos trabajando porque es necesario dar respuesta y soluciones habitacionales aplicando todas las medidas que se puedan a pesar de que el Gobierno de Rajoy quiera cortar de raíz este derecho", ha indicado.
Por último, Salvador ha recordado que la Ley por la Función Social de la Vivienda lleva siete meses en vigor y ha conseguido ayudar a mucha gente porque desde el primer momento se pusieron en marcha los espacios InfoHabitatge en las tres provincias de la Comunitat para atender a los ciudadanos. "Se ha asesorado a todos los ciudadanos que han formulado más de 1.600 consultas, se ha mediado en 43 casos de desahucio y se han dado soluciones habitacionales a más de 550 a través de las ayudas al alquiler o las viviendas sociales", ha indicado.
