El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echavarri, asegura estar "absolutamente tranquilo" con la legalidad de su actuación en el despido de una trabajadora del Ayuntamiento, cuñada del portavoz popular Luis Barcala, pese a que la Fiscalía le ha denunciado ante el juez, y ha afirmado que la tomó basándose en la consideración de dos técnicos y de la jefa de Recursos Humanos de que la interina estaba en fraude de ley porque de no haber adoptado esta decisión entiende que podría haber incurrido en prevaricación.

Al término de un acto sobre motociclismo celebrado en el Salón Azul, el regidor se ha remitido en todo momento al comunicado emitido ayer aunque ha reiterado que no se plantea dimitir. Cuestionado si lo haría en caso de que le abran juicio oral, ha dicho que no habla de futuribles.

Sobre la congelación del acuerdo de refundación del pacto de gobierno por parte de Compromís, ha declarado que no comenta la postura de sus socios y que seguramente esta tarde no acudirá a la reunión con esta formación y Guanyar.

"Seguimos trabajando con normalidad. Lo que pretenden es que el Ayuntamiento se paralice. No lo van a conseguir". En este sentido, ha dicho que están esperando a que el Ministerio de Hacienda devuelva el borrador de presupuestos de 2018 aprobado para poder llevarlo a pleno antes de que acabe el año.

A este asunto se ha referido el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, quien ha revelado que esta misma mañana han reclamado al PSOE el borrador. "Hemos exigido una copia porque es imprescindible que nos centremos en trabajar en lo importante". Según el edil, Alicante no se puede permitir un presupuesto prorrogado porque estarían en riesgo 50 millones de euros en inversiones.

"Hay que apostar por lo que necesita la ciudad y más en una situación en la que el alcalde se aísla cada vez de una forma más minoritaria. Va a necesitar ayuda para que salga adelante el presupuesto de 2018 y estamos dispuestos a seguir colaborando".

Tanto el PP como Ciudadanos han dicho que esperarán a pedir la dimisión del alcalde por su situación judicial a que el juez decida abrirle juicio oral, es ahí donde colocan su línea roja. Aun así, los populares creen que debería renunciar por coherencia y responsabilidad.

Por Cs, su portavoz adjunto Antonio Manresa señala que el Ayuntamiento vive en medio del caos por la situación judicial del alcalde y por la desunión del tripartito, y entiende que solo el trabajo de los funcionarios y de los jefes de servicio garantiza que siga al día. Asimismo, Manresa ha destacado como nueva prueba de la división en el equipo de gobierno el que nadie de Compromís ni de Guanyar hayan acompañado al alcalde en la presentación hoy de un evento de motociclismo.

"Un asunto muy feo"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha afirmado que la petición del fiscal de investigar al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por el despido de una interina, es un asunto "muy feo" desde el punto de vista político.

"Si bien no es por corrupción, es un tema políticamente muy feo: abuso de poder", unos hechos que ya en su momento criticaron desde su formación hasta el punto, ha recordado, de obligar al alcalde "a rectificar" mediante la readmisión de la funcionaria, cuñada del portavoz popular, Luis Barcala.

Bellido ha manifestado que se trata de un "error político" y ha añadido unas palabras del propio alcalde en otras situaciones sobre que "en política se paga con dimisiones".

Compromís da por "congelado" el "pacto de refundación" con el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento a la espera de ver si el juzgado admite a trámite los hechos trasladados desde la Fiscalía.

"Una vez ocurra, Compromís exigirá al PSOE y PSPV cumplir el documento firmado", en el que se incluía la dimisión de Echávarri "si se agrava la situación" y la búsqueda de "un nuevo alcalde o alcaldesa".

El portavoz municipal ha sostenido que su grupo ha mantenido un alto grado de "responsabilidad institucional hasta el límite" y ha pedido a los socialistas que "pongan de su parte" para hallar una salida.