La Fiscalía ve indicios de una posible prevaricación en la decisión del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, de despedir a una trabajadora interina del Ayuntamiento, cuñada del portavoz municipal del PP. El Ministerio Público, según han confirmado fuentes de Alcaldía, ha decidido dar traslado del caso a los juzgados, donde ya se investiga a Echávarri por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. Los indicios de un delito de prevaricación también recaen sobre el concejal de Recursos Humanos, el socialista Carlos Giménez.
Desde Alcaldía, por otro lado, han incidido a través del citado comunicado y tras conocerse la decisión del fiscal en que "todos los técnicos de Recursos Humanos que intervinieron en el expediente reconocieron ante el fiscal la legalidad de la decisión tomada, así como la situación en claro fraude de ley de la trabajadora interina; legalidad y procedencia que fue ratificada por una letrada de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".
Seis meses de investigación
Hace medio año, la Fiscalía abrió una investigación al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP. El cese el pasado mes de abril de Catalina Rodríguez, trabajadora interina de la Concejalía de Cultura, se produjo dos días después de que el portavoz popular, Luis Barcala, denunciara al alcalde en Fiscalía por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, un caso que ahora está investigando un juzgado de Alicante, por el que está imputado Echávarri, junto a su jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el entonces asesor de Comercio, Pedro de Gea.
El despido de la cuñada en Fiscalía no fue denunciado por el PP, sino por los representantes vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata, que consideraban la existencia de un presunto delito de prevaricación administrativa en la decisión ordenada por el alcalde contra una trabajadora interina.
Durante este último medio año, el Ministerio Público ha tomado declaración como investigados a Echávarri y previamente al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez. Además, como testigos han sido citados en las últimas semanas tres técnicos del Ayuntamiento de Alicante. Fuentes judiciales subrayan la influencia en la decisión de Fiscalía de un informe solicitado a la Concejalía de Cultura, que concluía que el despido decretado por Echávarri no se consultó previamente con los responsables del área municipal, dirigida por Daniel Simón (Guanyar). En el escrito se insistía en el problema en la concejalía por la falta de personal durante todo este mandado.
Vídeo: El alcalde realizó estas declaraciones a los medios a su salida de la Fiscalía
En su declaración, Echávarri defendió ante el fiscal su decisión de despedir a la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala, argumentando que lo ilegal era no haberlo hecho. El regidor socialista aseguró al teniente fiscal, José Llor, que el mantenimiento en su puesto de Catalina Rodríguez era una ilegalidad consentida, como ocurre con otros interinos del Ayuntamiento de Alicante, y que mantener esta situación le exponía a que fuera denunciado por los sindicatos por no actuar.
Echávarri añadió en su declaración, el pasado miércoles 25 de octubre, que regularizar la situación de los interinos en el Ayuntamiento era uno de los objetivos que se había marcado antes de llegar a la Alcaldía en junio de 2015 y que su compromiso era el de acabar con estas irregularidades. Según explicó, el cese de la trabajadora interina se produjo cuando ya había pasado un año y medio desde su llegada al cargo, ya que creía que era el momento de abordar la situación de los interinos en el Ayuntamiento de Alicante.
Catalina Rodríguez entró a trabajar en 2010 como interina en el Ayuntamiento con motivo de la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y del Centro Cultural de Las Cigarreras. En el momento del despido, el pasado mes de abril, estaba trabajando en el Museo de la Lonja. Según el alcalde, esta situación era un fraude, ya que se encontraba desempeñando un trabajo distinto para el que fue contratada.
Desde una perspectiva política, la decisión de Echávarri de despedir a la familiar de Barcala sumó enseguida el rechazo de sus dos socios de gobierno (Guanyar y Compromís) y de los grupos de la oposición (PP y Cs). Así, tras aprobarse una moción en el pleno municipal instándole a la readmisión, Echávarri dio marcha atrás y anunció que el despido quedaría sin efecto. A las dos semanas del cese, la Concejalía de Recursos Humanos volvió el pasado 2 de mayo a admitir a Catalina Rodríguez, que a día de hoy continúa trabajando en la Concejalía de Cultura.
