La Fundación Toro de Lidia ha interpuesto una querella contra el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, por un presunto delito de prevaricación al "impedir de forma continuada" la celebración de 'bous al carrer' en la pedanía de El Moralet "a sabiendas de su ilegalidad".

La querella también va contra el jefe de Sanidad y Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante. Con esta acción, la fundación pretende respaldar al querellante, la Asociación Cultural Taurina Moralet, que solicitó celebrar los 'bous' en una finca municipal de la partida tanto en agosto de este año como en 2016.

La querella fue presentada ayer en un juzgado de instrucción de Alicante por el abogado José Miguel Soriano, según confirmaron tanto él mismo como el presidente de la Fundación, Borja Cardelus.

Echávarri, que ya ha declarado ante una juez por el fraccionamiento de los contratos de Comercio y ante el fiscal por el despido de la cuñada de Barcala, podría tener que hacer frente a un nuevo procedimiento judicial si el juzgado admite a trámite la querella.

Con esta acción, la fundación respalda a la Asociación Cultural Taurina Moralet, que solicitó celebrar los bous en una finca municipal de la partida en agosto de este año y en 2016. Según asegura la entidad querellante, el Ayuntamiento alicantino ya ha sido condenado a abonarle un total de 1.452 euros en concepto de costas por el recurso contencioso-administrativo que sus representantes legales interpusieron contra el decreto que impidió en 2016 la celebración del festejo taurino popular.

El letrado Soriano explicó que, pese a esa resolución en contra de la prohibición de 2016, este año el Ayuntamiento ha vuelto a denegar la autorización para celebrar los bous al carrer en El Moralet. Una acción que la Fundación del Toro de Lidia ha vuelto a recurrir por la vía contencioso-administrativa de forma previa a la presentación de la querella por presunta prevaricación.

La Fundación del Toro de Lidia informa en su página web que con esta actuación judicial «hace frente al sectarismo de algunos poderes públicos capaces de anteponer su ideología frente a la Ley, la Constitución y los pronunciamientos judiciales».

En los dos años, la Junta de Gobierno de Alicante denegó la autorización de los festejos, de forma "contraria a derecho" y "arbitraria" y bajo unos "argumentos sin sentido" como el riesgo de lluvias o que "no estaba acreditado el interés general", según explican desde la fundación a Europa Press.

El portavoz del Gobierno local, Natxo Bellido, señaló tras la denegación que "más allá de que se considera que la actividad no reúne el consenso necesario para ser considerada de utilidad pública y de interés social con carácter general", el festejo "también implica a una parcela municipal afectada por una rambla". Por ello, en base a "informes de Protección Animal y Urbanismo", el Ayuntamiento consideró como "lo más adecuado" denegar la actividad.

La organización taurina ha presentado sendos recursos contenciosos administrativos contra la denegación de la celebración en 2016 y 2017. Sin embargo, Toro de Lidia ve ahora necesario "ir más allá" y "elevar el tono por la vía penal", mediante la querella contra el alcalde y el responsable de Sanidad.

"Con una serie de vaguedades, ponen de manifiesto que la intención del Ayuntamiento es prohibir los festejos taurinos, aunque no tienen competencias para ello" y "consiguen que nunca se celebren los espectáculos", subrayan desde la Fundación, que entiende así que "se ha cometido prevaricación" y que es necesario "llevar a juicio" tanto a Echávarri como a Agulló.

"HACER FRENTE AL SECTARISMO"

Su objetivo es "hacer frente al sectarismo de algunos poderes públicos, capaces de anteponer su ideología frente a la ley, la Constitución y los pronunciamientos judiciales".

Según Fundación Toro de Lidia, el Ayuntamiento de Alicante ya ha sido condenado a abonar un total de 1.452 euros en concepto de costas por el recurso interpuesto tras la primera denegación de la autorización para celebrar el festejo taurino popular en 2016.

El delito de prevaricación dispone que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 15 años", detalla la organización taurina en un comunicado.

Echávarri

Desde Alcaldía recuerdan que la decisión de prohibirl la vaquilla de El Moralet la adoptó la Junta de Gobierno, "de hecho, aunque las deliberaciones sean secretas, el PSOE reconoció que no estaba de acuerdo con la decisión". Las mismas fuentes incidieron en que no fue algo que decidió el alcalde y que la competencia fue de la Junta, "y gobernar en coalición significa asumir la mayoría. En este caso la mayoría de Compromís y Guanyar", han recalcado.