El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, y la vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, divergieron ayer a la hora de valorar la situación del tripartito de Alicante, con el futuro del alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), como principal discrepancia entre los líderes del Gobierno surgido del Pacto del Botánico. Y lo hicieron, que no es baladí, a apenas tres días de que sus respectivas formaciones inicien una negociación a dos bandas, sin Guanyar Alacant, con el objetivo de «refundar» el pacto de gobierno de Alicante tras la crisis surgida a raíz de la investigación abierta en un juzgado contra Echávarri y dos de sus asesores por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio.
Ambos, tanto Puig como Oltra, no se salieron del guión establecido en los últimos días. «No hay ningún motivo para que Echávarri no siga. El problema no es el alcalde, es una responsabilidad compartida en el conjunto del gobierno», señaló ayer el líder socialista en los micrófonos de la Cadena SER, mientras que la dirigente de Compromís apuntó que «hay situaciones que son insostenibles» y ahora, continuó, «Echávarri tiene una investigación judicial en marcha y otra en ciernes», en alusión directa a la investigación de Fiscalía por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, por la que Echávarri está citado a declarar el próximo miércoles, un día antes del pleno ordinario de octubre y fecha en la que Compromís anunció que rompería el pacto si no dimitía Echávarri o se iniciaban contactos para «resetear» el pacto. Ese ultimátum está ahora condicionado al resultado de la reunión prevista para el próximo lunes.
Otra, preguntada por este diario al término de la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, que ayer se celebró en Alicante con motivo de la salida de la Volvo Ocean Race del próximo domingo, calificó de «insostenible» la situación del alcalde al frente del gobierno municipal, al que sus dos socios de gobierno le han pedido su dimisión bajo la amenaza de romper el tripartito. «Echávarri tiene una investigación en marcha y otra en ciernes. A buen entendedor pocas palabras bastan», apuntó Oltra, que no quiero responder directamente a la pregunta de si la continuidad del alcalde es una condición indispensable para poder avanzar en un acuerdo que impulse un nuevo pacto de gobierno de cara a la segunda parte del mandato, en el que ni el PSOE ni Compromís prevén contar con el tercer socio del tripartito, Guanyar Alacant, que ayer pidió, en voz de Miguel Ángel Pavón, un hueco en las negociaciones. «Emplazamos a recapacitar y a actuar con responsabilidad y coherencia de modo que Guanyar ocupe el lugar que le corresponde en la negociación. Compromís y PSOE deben ser conscientes de que sin Guanyar no habrá posibilidad para un gobierno del cambio en la ciudad», apuntó Pavón, quien añadió: «La negociación de la refundación del pacto de gobierno debe ser a tres bandas y con el alcalde fuera de escena».
Ocho negociadores
Por ahora, ninguno de sus socios se plantea incluir a la formación de Pavón en un diálogo que arrancará el próximo lunes, a partir de las 12.30 horas, en la Sede de la Universidad de Alicante. Por parte de Compromís está previsto que acudan Amparo Piquer y Emili Mira (cosecretarios de Organización de Compromís), junto a Natxo Bellido e Ismael Vicedo, de la dirección local de la coalición. Desde el PSOE, ayer sólo estaba confirmada la presencia del secretario de Relaciones Institucionales y Acción Territorial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, el elegido por Puig para reconducir el gobierno local de Alicante. El dirigente socialista estará acompañado por otro miembro de la Ejecutiva del PSPV y por dos representantes de la dirección local, aunque la presencia de Echávarri está totalmente descartada. La elección de los representantes locales del PSOE no resulta insignificante, porque tanto el portavoz de la Ejecutiva y jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, como la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, están investigados por la justicia por el presunto fraccionamiento de contratos y por un supuesto acoso laboral a una funcionaria, respectivamente.
