El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha justificado el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, a su salia de la Audiencia Provincial tras declarar en calidad de investigado ante la Fiscalía. "He contado el relato de los hechos. Desde antes de ser alcalde, teníamos el compromiso de regularizar las situaciones irregulares que podía haber en el Ayuntamiento", ha señalado Echávarri a pregunta de los periodistas tras más de una hora ante el fiscal con un receso de unos minutos por un problema informático.
Echávarri, que ha asegurado estar "tranquilo", ha admitido que declarar ante la Fiscalía en calidad de investigado "no es agradable". Además, ha puntualizado que su escrito en Facebook, donde reconoció que la denuncia de Barcala ante el Ministerio Público por el presunto fraccionamiento de contratos había acelerado el despido de la interina adscrita al área de Cultura, no estaba incluido en la investigación. "El escrito no obra en las actuaciones", ha puntualizado el regidor, mientras que no ha querido entrar a valorar la posible decisión de Fiscalía tras su declaración: "Tengo claro el relato. No contemplo ni no contemplo [la decisión del fiscal]. Hay una denuncia en Fiscalía, el fiscal ha instruido un expediente y no sé si llamará a más gente". Eso sí, Echávarri ha insistido en que "Fiscalía se mueve por el principio acusatorio".
El regidor ha llegado a la Audiencia apenas cinco minutos antes de las diez de la mañana, hora a la que estaba citado, para declarar ante Fiscalía por el despido de la cuñada del portavoz del PP Luis Barcala. Acompañado de su jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, su abogado, su escolta y su jefa de prensa, no ha querido hacer declaraciones a los medios a su entrada al edificio situado frente al Ayuntamiento de Alicante. A su salida, tras intentar evitar la foto bajo la puerta de la Audiencia, Echávarri se ha parado para atender a los medios, aunque sin entrar en detalle sobre sus palabras ante Fiscalía.
Echávarri ha declarado hoy como investigado por un presunto delito de prevaricación con el objetivo de explicar al fiscal los motivos que le llevaron a destituir a Catalina Rodríguez. El despido se produjo poco después de que Barcala denunciara un presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. Tras la declaración de Echávarri, el fiscal deberá decidir ahora si envía la denuncia al juzgado, si pide más diligencias o si archiva el caso.
La decisión del fiscal puede ser determinante para el futuro político de Echávarri, según explicaron ayer fuentes de Compromís tras el principio de acuerdo que alcanzaron con el PSOE para "refundar" el pacto de gobierno en Alicante. Según la coalición de izquierdas, si el fiscal traslada la causa al juzgado y un juez decide imputarlo también por el despido de la cuñada de Barcala, el alcalde estará obligado a dimitir y se realizará una nueva investidura.
El alcalde también tendrá que marcharse si la juez que le investiga por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio decide seguir adelante y abre juicio oral. Éstos son algunos de los condicionantes, además de otros de funcionamiento a nivel interno, que se recogerán en el acuerdo de "refundación" que PSOE y Compromís prevén firmar mañana en la sede de la Universidad de Alicante.
