Stop Desahucios denuncia que el fraude de la vivienda afecta ya a los alquileres sociales en Alicante tras detectar el caso de un hombre que tras no poder hacer frente al pago de su hipoteca consiguió que el banco le permitirera quedarse en la casa pagando un alquiler social. Sin embargo, éste subarrendó la vivienda a una mujer y su hija discapacitada por un precio mucho mayor y dejó de pagar el alquiler al banco. Ayer madre e hija estuvieron a punto de ser desalojadas por el banco.

Najat Labrahmi, llevaba desde 2014 viviendo de alquiler en un piso del barrio Juan XXIII, junto a su hija menor de 12 años. Todos los meses ha estado pagando a su arrendador 300 euros hasta que el pasado 5 de octubre se presentó en el domicilio una comitiva del juzgado para decirle que iba a ser desahuciada. En ese momento Labrahmi descubrió que el contrato que había firmado era falso y que la casa en la que vive pertenece a una entidad bancaria que a su vez se la ofreció en alquiler social a su arrendador por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Durante estos tres años, el hombre no ha pagado ninguna mensualidad al banco, que finalmente optó por desahuciarle. Según denuncian desde Stop Desahucios, en varias ocasiones se han puesto en contacto con el hombre que subarrendó la casa, quien, aseguran, no se ha querido hacer cargo de la situación.

El desalojo estaba previsto para el mediodía de ayer, pero Stop Desahucios lo logró frenar «in extremis», con los cerrajeros en la puerta de la vivienda dispuestos a cambiar la cerradura. Cuando la comitiva judicial y los abogados de la entidad bancaria llegaron acompañados de agentes de la Policía Local y Nacional se encontraron con decenas de personas concentradas en la puerta de acceso al edificio en el que vive la mujer y su hija protestando por el desahucio. Tras la mediación de Stop Desahucios, el banco decidió aplazar el desalojo y conceder un mes para buscar una solución. A finales de noviembre volverán a presentarse en la vivienda para desalojar a quien haya dentro.

Najat Labrahmi respiraba aliviada mientras recibía abrazos y aplausos de sus vecinos y los integrantes de la plataforma que le han ayudado durante estas intensas semanas. Con esta prórroga de un mes «ahora es servicios sociales quien debe hacerse cargo de la situación y buscar una solución para esta familia. Si no hay viviendas, que las saque de debajo de las piedras», afirma Susana García, integrante de Stop Desahucios en Alicante.

La situación de Najat Labrahmi es desesperada, ya que al hecho de tener que dejar la que ha sido su casa en los últimos tres años se suma el hecho de que no puede trabajar por el momento, ya que hace poco fue operada de un tobillo. «Hasta ahora he recibido una ayuda de casi 400 euros que me daba el Ayuntamiento, pero ya se acaba y no sé de dónde podré sacar el dinero para vivir».

Stop Desahucios ya había denunciado con anterioridad la existencia de redes que se dedican a ocupar casas vacías propiedad del banco para volverlas a alquilar, «pero ahora nos encontramos con que esto está llegando a los alquileres sociales», señala García.