Un informe de la patrona de Obra Pública (FOPA) alerta de que la provincia de Alicante, lejos de notar el inicio de la recuperación económica, sigue castigada por la Administración a la hora de la inversión en infraestructuras con un descenso del 90% en los últimos diez años. En concreto, entre 2008 y 2017, la provincia ha pasado a recibir 1.108 millones de euros (2008) en obras de Gobierno, Consell, Diputación y Ayuntamientos a los 136 millones de euros de este año, según el estudio hecho público por Javier Verdú, presidente de Fopa, que alerta de que desde que terminaron las obras del AVE entre Alicante y Madrid, todo es un páramo, lo que obliga a licitaciones a la baja y amenaza la supervivencia de las empresas.
Las licitaciones del Ministerio de Fomento han tocado fondo desde 2008 cuando se licitaron 676 millones de euros, último gran año, para pasar a los 26 millones de este año. Verdú destaca que proyectos urgentes y repetidamente anunciados como los accesos viarios al aeropuerto de Alicante-Elche, el tercer carril de la autovía A-7 entre Crevillent y Benferri o la conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo siguen paradas. "Tampoco podemos dejar de denunciar la falta de apoyo de la Conselleria de Vertebración del Territorio, que ha pasado de invertir casi cien millones de euros en 2008 a 38,6 millones en 2014 y sólo siete millones en 2016".
Recordar, en este sentido, que está pendiente, por ejemplo, la licitación del final de las obra del túnel del TRAM de la Serra Grossa, prevista, en principio, para finales de este año. En total, en todos los conceptos la inversión en obra pública en la provincia alcanza los 136,3 millones este año, diez más que en 2016 pero treinta menos que en 2015 y 188 millones menos que en 2015. La inversión anual ha caído en picado desde 2010, año en el que todavía llegaron 666 millones.
FOPA representa al 90% de las empresas de Obra Pública, que son generadoras de muchos puestos de trabajo en la provincia, por lo que "tenemos legitimidad para instar a las Administraciones la urgente necesidad de inversión en la provincia, y por ende en la Comunidad Valenciana". La provicia necesita urgentemente esa inversión tras una década de recortes. La Comunidad Valenciana encabeza los índices de caída de obra pública de más de un 90% en diez años.
Según denuncia José Verdú, la escasísima licitación existente está provocando que las empresas, para poder garantizar algo de actividad, tengan que realizar rebajas muy importantes a los presupuestos de las obras, cuya consecuencia se traduce en un deterioro aún mayor de nuestras empresas. Aprovechamos esta ocasión para hacer una llamada de atención a las Administraciones en la línea de regular los procedimientos de adjudicación para caso de bajas desproporcionadas o anormales.
Las licitaciones por parte del Ministerio de Fomento han tocado fondo en Alicante. Ministerio que pasó de una licitación de 676 millones en 2008 a los 30 millones en 2016, o a 26 millones en lo que llevamos de año. Un volumen de licitaciones que marca mínimos históricos en la provincia tras la inversión de fondos para la ejecución del AVE. Dicho de otra forma: desde las obras del AVE el Ministerio olvidó nuestra provincia.
"Seguimos esperando que el Ministerio de Fomento invierta en obras/infraestructuras tan necesarias y relevantes para nuestra provincia como los accesos al aeropuerto Alicante-Elche, el tercer carril de la Autovía Crevillente-Benferri, la conexión Puerto de Alicante con Corredor Mediterráneo, la solución al déficit hídrico estructural, etc. Muchas de estas obras que deberían estar en fase de licitación, no lo están, ni se las espera", reclama Verdú.
"No podemos dejar de mencionar a la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que ha pasado de invertir en la provincia de Alicante casi 100 millones en 2008, a 38,6 millones en 2014 y tan sólo 7,8 millones este año.
La única Administración que, según FOPA, mantiene sus valores de inversión es la Diputación, pero no es suficiente para mantener el sector y los puestos de trabajo que éste genera. La patronal expresa su alarma ante el hecho de que las Administraciones no sean conscientes de las graves consecuencias de su falta de inversión.
