Aunque la decisión era firme y contra ella no cabía recurso alguno, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la defensa de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, han recurrido el auto de la Audiencia que exoneraba al arquitecto Jesús Quesada y confirmaba el procesamiento del resto de los imputados por los presuntos amaños del PGOU. Ambos han presentado un escrito de súplica por diferentes motivos ante la sala que deberá ser estudiado y resuelto por el tribunal, antes de devolver la causa al juzgado para que cierre el proceso.

Anticorrupción ha pedido a la Sección Segunda que vuelva a imputar al arquitecto redactor del Plan General, Jesús Quesada, a quien la sala acaba de dejar fuera de la causa al no ver indicios de que facilitara información al empresario Enrique Ortiz sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad. Por su parte, los abogados de la exalcaldesa de Alicante, los letrados Juan José Martínez Albert y José María Asencio, han pedido la nulidad de la resolución al considerar que provoca efectos demoledores en «el derecho de defensa y entra en contradicciones insalvables» al no concretar qué indicios hay contra su defendida. Asimismo reclaman a la sala que se pronuncien sobre la legalidad de las escuchas telefónicas.

La Audiencia confirmó la semana pasada el procesamiento de los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como del empresario Enrique Ortiz por los presuntos amaños del Plan General. La Sección Segunda rechazaba los recursos de todos los procesados que habían apelado, excepto el del arquitecto redactor del plan bajo sospecha, Jesús Quesada, para quien se decretó el sobreseimiento de las actuaciones. El juzgado de Instrucción tiene la causa paralizada desde enero a la espera de que la Audiencia resolviera los recursos y el siguiente paso era emplazar a las acusaciones para que presentaran sus escritos de conclusiones. Este trámite todavía deberá esperar hasta que se resuelvan los escritos de súplica. La Audiencia dará traslado a todas las partes para que se pronuncien y después decidirá. El tiempo de parón para la causa dependerá de la celeridad con que se tramiten.

El archivo de las actuaciones para Quesada se produjo en el último momento y sin posibilidad de recurso tras más de siete años de instrucción judicial, hecho que no ha gustado a las acusaciones. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de súplica que se acerca al medio centenar de folios en el que expone los indicios por los que considera que Quesada debe ir al banquillo junto al resto de los procesados.

La defensa de Castedo plantea que en la resolución se habla de indicios de manera genérica sin vincularlos a delito alguno. Según el escrito presentado por los abogados, «hubiera sido suficiente con estos indicios genéricos para abrir juicio oral hace nueve años». En este sentido, recuerdan que otra sala de la Audiencia confirmó el archivo del caso Rabasa por no ver delito en la actuación de los investigados. Insisten en que las pesquisas se basan en atestados policiales «que se asumen sin crítica alguna frente a los informes técnicos»

Los letrados piden al tribunal que redacte una nueva resolución en la que se concreten los hechos punibles y en qué indicios se apoyan, así como en qué hechos deben ajustarse las acusaciones al presentar sus escritos. El escrito reclama el archivo del delito de tráfico de influencias «cuya base es una reunión cuyo contenido se desconoce, pero en la que todos los intervinientes han negado que existiera influencia alguna». También solicitan que se indique si Castedo se sometió a las decisiones de los técnicos; así como que se concrete el valor de los supuestos regalos a través de dos viajes a Andorra y en qué afecta a la exalcaldesa el regalo de un coche Mini Cooper por parte de Ortiz a otra persona. Los letrados reclaman finalmente que se valore ya si son válidas las escuchas telefónicas. Esta petición se ha venido rechazando alegando que el momento procesal es el del juicio.