La citación como investigado (antes imputado) del alcalde Gabriel Echávarri en el marco de la investigación que realiza un juzgado de Alicante por presunto fraccionamiento de facturas cuando dirigía el área de Comercio, ahora en manos de Gloria Vara, sacudió ayer a este sector económico y cayó como un jarro de agua fría sobre la mayoría de asociaciones. El mundo del pequeño comercio, con el que trabaja estrechamente Pedro de Gea, asesor de Echávarri e imputado también, se mostró tolerante en general con el alcalde al considerar que no debe dimitir mientras no se le declare culpable.
El sentir entre las asociaciones de vecinos es el opuesto: entienden que el primer edil socialista debe dejar su sillón por coherencia con lo que él ha pedido para otros políticos imputados. Los sindicatos esperan que la investigación judicial no paralice la ciudad y apuestan por mantener un gobierno progresista en caso de que Echávarri dimitiera, mientras que los empresarios piden prudencia.
«Es una situación kafkiana. No entiendo que unos partidos políticos -PP y Ciudadanos- hayan podido denunciar este caso en el juzgado. El único razonamiento es que quieren quitar al alcalde, van a por él. Es un quítate tú para ponerme yo. Con las barbaridades que se han hecho en esta ciudad, no creo que tenga que dimitir por esto», opina Domingo Martínez, presidente de los Mercados y del Colectivo de Comerciantes, que engloba a una quincena de asociaciones de la ciudad con más de 4.000 comerciantes. Martínez relacionó una posible renuncia del primer edil con «lo alto que se ha puesto el listón de la transparencia» pero sigue sorprendido, «porque es muy fuerte que se haya llegado en este caso tan lejos».
Este sector económico, el de comercio de proximidad, muy unido a De Gea, ve ahora con preocupación el futuro. «Tenemos una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá con campañas importantes como el Black Friday y la Navidad. Esto no es bueno para la hoja del ruta del comercio», afirma Vicente Armengol, vicepresidente del Colectivo y presidente de Corazón. «Se estaba trabajando en la buena dirección. Nunca hasta hora se habían hecho campañas apostando tan fuerte por el comercio tradicional, que necesita apoyo desde el Ayuntamiento. Anteriormente no se creyó en el sector lo suficiente, ha sido la hermana pobre para la administración local». Dijo que históricamente la apuesta a nivel presupuestario en campañas de fomento del comercio en ciudades como Bilbao y Málaga nada tienen que ver con la inversión en Alicante. «Somos 4.000 pequeños comercios que necesitamos que la Administración nos apoye como motor económico y atractivo turístico».
En línea de defensa se posicionó la presidenta de la asociación de comerciantes Más que Centro, Toñi Torregrosa. «No creo que el alcalde tenga que dimitir, por supuesto que no, por el asunto de las facturas. Si hay alguna irregularidad administrativa, que lo desconocemos, no es para tanto. Las campañas se han hecho por el bien del comercio, pensando en dinamizarlo. Por ello apoyamos a Pedro de Gea y todo lo que ha hecho por el bien del sector».
El contrapunto lo puso Mari Ángeles Cinos, presidenta de la Federación de Empresarios y Comerciantes Fecoema, que engloba a una quincena de entidades de barrios. «Fecoema no sabía nada de lo que pasaba con las facturas, no sabemos si las fraccionaban o no y nada sobre ese entramado. Nos mantenemos neutrales. Si la acusación es mentira, pues será mentira, pero si no, todos tenemos que apechugar con nuestros actos».
Los representantes vecinales fueron beligerantes. «La ciudad no debería tener un alcalde investigado, ya tuvimos una -Sonia Castedo- y no deberíamos tener otro. Los alicantinos nos merecemos algo mejor, y llevamos muchos años con muchos imputados por muchas cosas. Queremos en el Ayuntamiento gente honrada y decente que cuide Alicante, que mire por la ciudad y trabaje por y para ella. Si (Echávarri) no ha trabajado de esa manera, y ha ido por otro lado, debería dimitir», señala Alcázar Moreno, de la asociación del Centro Tradicional.
«Pedimos su dimisión. Es muy grave lo que ha pasado. Y por menos que eso, salió él haciendo declaraciones y pidiendo la expulsión de una concejala que formaba parte de su equipo de gobierno», dijo Silvia Pardo, presidenta de la asociación Laderas del Benacantil, del Casco Antiguo en referencia a Nerea Belmonte. «Nos pareció bien su postura entonces y ahora, por coherencia, él debería hacer lo propio», añadió la representante de un colectivo muy a disgusto con Echávarri por lo que consideran mala gestión del ruido y la inseguridad en la zona. «La cosa está peor que nunca y Echávarri y el área de Seguridad sólo apoyan el ocio descontrolado. No hay ninguna voluntad para solucionar el problema, y los únicos pasos que da es elegir como asesor al anterior presidente de la Asociación de Ocio y Restauración, Lalo Díez», investigado también por el mismo caso.
José María Hernández, que representa a una docena de asociaciones vecinales, insta a Echávarri a cumplir con su palabra. «Él y otros políticos lo han dicho cuando ha habido casos de otras personas. Ahora le han imputado (ahora investigado) a él, pues que dimita. No se lo va a pedir a otra gente y ahora que le toca a él no lo hace. Sería muy fuerte». También Lisardo Gabarre, de Sol d'Alacant, recordó a Echávarri que «en su programa electoral decía que si era imputado dimitiría. Que cumpla lo que dijo».
Sindicatos
Desde los sindicatos, la secretaria general de UGT en Alicante Yaissel Sánchez dijo que «el alcalde debe cumplir con la legalidad, como cualquier ciudadano». En este sentido espera que la ciudad no se vea mermada durante el proceso ya que «hay muchos problemas y retos pendientes». Su homóloga de Comisiones, Consuelo Navarro, recordó que el gobierno de Alicante es fruto del acuerdo de tres grupos progresistas y que así debe continuar . Navarro no quiso entrar en el relevo o renuncia de Echávarri, «el PSOE tendrá un mínimo de conducta. Ellos tienen que decidir».
Desde la patronal, Francisco Gómez, presidente de la Confederación de Empresarios Coepa, dijo que este tipo de asuntos no son buenos para la ciudad, aunque invitó a respetar la presunción de inocencia del alcalde. «Hasta que un juez no lo declare culpable es sólo investigado. Conociendo a la persona, honesta, sensata y razonable, creo en su inocencia hasta que se demuestre lo contrario».
