Los tres partidos firmantes del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) llevarán a las Cortes un proyecto de ley de plurilingüismo. Es la manera con la que las dos formaciones del gobierno valenciano y su socio externo pretenden blindar uno de los proyectos centrales de la legislatura y también uno de los que más confrontación política y social ha suscitado.
Esta nueva versión del plurilingüismo intentará suavizar los aspectos más conflictivos para eludir los recursos del Gobierno y evitar así un segundo naufragio en los tribunales. Para ello desvincula el aumento de las horas en inglés a una mayor presencia del valenciano y establece tres mínimos en todos los niveles: el 25% de clases en castellano, el 25 % en la lengua autóctona y entre el 15% y el 25% en inglés. A partir de estos tres umbrales de partida cada colegio tendrá libertad para organizar su Programa Lingüístico de Centro (PLC).
La Conselleria de Educación lleva trabajando en este proyecto desde hace meses, una vez observada la respuesta de los tribunales al decreto del pasado enero con el que pretendía extender la enseñanza del valenciano en las aulas vinculándola al incremento del inglés. El departamento de Vicent Marzà (Compromís) ya salvó la suspensión cautelar del proyecto con la promulgación de un decreto ley específico para este curso el 1 de septiembre con el fin de evitar el caos que hubiera supuesto rematricular a los 40.000 niños de Infantil 3 años a 10 días de «la vuelta al cole».
El conseller presentó esta fórmula como transitoria, pues su departamento ya estaba trabajando entonces en una ley como forma de proteger el plurilingüismo, un proyecto que el presidente de la Generalitat ha defendido en todo momento a pesar de la litigiosidad que ha provocado. Marzà es uno de los miembros del Consell más próximos a Puig pese a la filiación en partidos distintos. El objetivo, según ha podido saber este diario, es que el plurilingüismo pueda entrar en vigor así con todas las de la ley el próximo curso 2018-19.
Contactos desde antes del verano
El propio Marzà ha mantenido contactos desde antes del verano con dirigentes de los partidos del Botànic para tenerlos al corriente del plurilingüismo, los desencuentros judiciales y la línea en la que estaba trabajando su equipo para sortear las dificultades. El último elemento de esa senda será la ley, cuyo proyecto presentarán hoy representantes parlamentarios de PSPV, Compromís y Podemos.
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la ley trata de ajustar el proyecto a la «proporcionalidad razonable» de enseñanza en distintos idiomas que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras suspender cautelarmente el decreto de plurilingüismo del pasado enero y ordenar la vuelta al modelo de doble línea de enseñanza en castellano y valenciano que aprobó el Consell del PP en 2012.
La ley no contemplará la acreditación automática del conocimiento de inglés para los alumnos del nivel con más horas en valenciano y en la lengua de Shakespeare. Este punto es el único del decreto suspendido que ha tumbado el TSJ en las dos sentencias que ha emitido hasta ahora por el procedimiento de urgencia para la Protección de los Derechos Fundamentales. Los magistrados han anulado la disposición 5ª del decreto que prevé la acreditación automática de idiomas en los niveles con más valenciano, por «el claro agravio comparativo para el alumnado» que elige la enseñanza en castellano. Establecen que esta certificación diferenciada «no supera el canon de constitucionalidad» al vulnerar el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos en la Constitución.
Desvincula inglés y valenciano
Así pues, se desvinculará la acreditación automática del inglés y del valenciano. La ley desarrollará un decreto de acreditaciones que sí prevé la certificación automática del conocimiento de idiomas, pero lo hará de forma independiente según la exposición del alumno a cada idioma. Es decir, que los estudiantes que al aprobar cada etapa educativa hayan estado expuestos a un número aún por determinar de clases vehiculadas en inglés tendrán un certificado de nivel en dicho idioma. Lo mismo sucederá con el valenciano.
La otra vía de agua que quiere sellar el Consell es el frente de Madrid, por lo que para evitar un posible recurso del Gobierno apostará por respectar al máximo la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Esta norma exige la existencia de «oferta alternativa sostenida con fondos públicos en la que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable».
La conselleria ya evitó que el Ministerio de Educación impugnara el decreto de enero aceptando la indicación por escrito que le hizo el departamento del ministro Íñigo Méndez de Vigo de que «el horario lectivo impartido en castellano equivalga, al menos, a la cuarta parte (25%) del horario total de la etapa, y de que se elija una asignatura troncal, dado que va a ser la única no lingüística que el alumnado reciba en la lengua oficial del Estado». Entonces, la conselleria emitió una recomendación a los colegios con más valenciano para que impartieran en castellano una de las tres troncales de Primaria (Matemáticas, Sociales y Naturales). Ahora, ya no será un consejo sino un mandato de la nueva ley.
Al repartir las 22 horas y media de clases semanales, de las que una cuarta parte son 5 horas y una sesión de 45 minutos, los colegios podrán extraer sesiones dedicadas a la Competencia Comunicativa Oral (CCO) en inglés o valenciano de las tres horas y media a la semana de libre configuración del nuevo decreto de currículo de Primaria. Así, las tutorías o las sesiones previstas para proyectos transversales o de refuerzo se podrán vehicular en inglés o valenciano.
Con esta nueva ley la conselleria pondrá fin a los procesos judiciales abiertos, ya que su intención es derogar el decreto suspendido e iniciar el trámite parlamentario para que la nueva norma esté aprobada en enero y se aplique ya el próximo curso 2018-19.
