El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, anunció ayer la puesta en marcha de una campaña para promocionar que los turistas que eligen la Comunidad Valenciana para sus vacaciones, y optan por el alquiler de un apartamento, se dirijan a la oferta reglada y no a la clandestina que supera ya en la Costa Blanca las 400.000 plazas. Colomer subrayó que en esta iniciativa para erradicar esta lacra se van a incorporar los administradores de fincas, que tienen acceso al 80% de la planta de viviendas. Turismo ha abierto este verano 209 expedientes de sanción a otros tantos apartamentos turísticos clandestinos.
Colomer se ha mostrado, no obstante, satisfecho porque desde enero las inspecciones han permitido que todos los meses se legalicen 1.300 apartamentos turísticos. Desde el inicio de la legislatura, en 2015, ya han aflorado 32.335 apartamentos que funcionaban en la clandestinidad, y de aquí a final de año se resolverán los 209 expedientes abiertos en julio y agosto que puedan acabar en sanción.
En los meses de julio y agosto, en la provincia de Alicante se han dato 1.396 nuevas altas, 752 en València y 441 en Castellón. Se han visitado 181 empresas y controlado a 13.758 viviendas. Desde 2015, el número de apartamentos reglados en la Costa Blanca ha pasado de los 25.494 a 34.764, una buena cifra para Colomer, que destacó también la incorporación de los ayuntamientos a esta cruzada contra el alojamiento clandestino.
La Agencia Valenciana de Turismo ha resuelto hasta ahora con multas seis de los siete expedientes abiertos a diversas plataformas «online» de alquiler de apartamentos en Internet, con sanciones por valor de 120.000 euros. El motivo es que las plataformas comercializaban viviendas como turísticas sin estar registradas oficialmente, lo que se considera una falta grave en la Ley del Turismo. El Consell ha decidido ser implacable y en la nueva legislación la multa por el mismo motivo ascenderá hasta los a 600.000 euros.
Tres de las grandes plataformas comercializadoras «online» han recibido la sanción máxima que permite la ley actual: 30.000 euros cada una de ellas. Cantidades que, no obstante, pueden parecer irrisorias para estos gigantes, y que ahora el Consell quiere atajar como lo demuestra el que la futura Ley del Turismo va a aumentar el importe de la sanción máxima hasta los 600.000 euros.
En concreto, las plataformas Homeaway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa cada una por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Son plataformas con mucho tráfico y con un volumen económico muy alto, por eso se les ha sancionado con el máximo que, por ahora, nos permite la ley.
En 2016 se abrieron los primeros siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontré-Ya Hetrobat. En concreto, en junio de 2016, a tres de ellas, que se han resuelto con multas de 30.000, 6.000 y 20.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2016, se tramitaron los expedientes sancionadores a otras cuatro, de las que tres tendrán que pagar la sanción máxima. Solo una ha visto admitido su recurso. Este verano, el Consell ha comprobado con satisfacción como la plataforma Booking dejó de ser pirata.
Dinero opaco
El alquiler de apartamentos no registrados mueve al año unos mil millones de euros de dinero opaco a Hacienda y resulta una actividad directamente relacionada con la economía sumergida en la que, según estimaciones del sector turístico de la Costa Blanca, pueden estar inmersos unos 125.000 propietarios de viviendas que se ofrecen de alquiler en algún momento del año, sobre todo en verano, sin contrato y desde hace unos años cediéndolas a plataformas «online».
