Las conclusiones políticas que se presentaron ayer en el Ayuntamiento sobre la comisión que investiga el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio no se salieron del patrón esperado. Dentro del equipo de gobierno, las posiciones fueron dispares: el PSOE, a través de Carlos Giménez, aseguró la «inexistencia» de pruebas sobre irregularidades en la adjudicación de contratos a finales del pasado año por un valor total de 190.000 euros y criticó, por otro lado, que el «80% del tiempo de la comisión se utilizase para fines meramente políticos»; Guanyar aprovechó su informe para insistir en que «existe una alta probabilidad de que se haya incurrido en fraccionamiento», a la vez que añadió que «serán los tribunales de justicia los que diluciden su posible alcance penal»; mientras que Compromís afirmó que «ha quedado demostrado que la cuestión gira en torno a posibles irregularidades administrativas», por lo que «cierra la puerta penal».
En la oposición, sin embargo, el mensaje fue mucho más homogéneo y bastante más duro contra el alcalde y dos de sus personas de confianza: tanto PP, que ya ha llevado el caso a los tribunales, como Cs coincidieron a la hora de reclamar la destitución del jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y del asesor de Comercio, Pedro de Gea, por su intervención directa en la tramitación y posterior firma de unos contratos que en global rondan los 190.000 euros y que se adjudicaron a finales del pasado año, cuando Echávarri aún era el máximo responsable del área de Comercio, competencias que tras estallar la polémica delegó en manos de la socialista Gloria Vara.
Los cinco grupos con representación municipal presentaron ayer las conclusiones sobre la comisión de investigación, cuya segunda y última sesión se celebró el pasado 1 de septiembre. Y eso que Compromís pidió que se ampliara el plazo hasta el próximo martes, ya que hasta esa fecha no regresa de vacaciones el secretario de la comisión. Sin embargo, Ciudadanos, como promotor del órgano, se negó en rotundo. Así, los cinco grupos registraron ayer sus respectivos informes de una comisión que la formación naranja pidió poco después de que se conocieran las dudas del interventor sobre el posible fraccionamiento de casi una treintena de contratos, mientras el PP apostó desde el primer momento por informar del presunto delito a la Fiscalía Anticorrupción.
Guanyar, que fue la única voz del tripartito que no hizo preguntas de carácter absolutorio durante las sesiones de la comisión, volvió a dejar en el aire su actitud sobre el futuro del alcalde si se acaba por confirmar, en vía legal o en la dictamen que haga publico el Consell Jurídic Consultiu, que se fraccionaron contratos en Comercio a finales del año pasado. «En el caso de que finalmente se confirmara la existencia de un fraccionamiento de contratos, cabría valorar la responsabilidad política del alcalde, por acción u omisión y, en última instancia, por culpa 'in vigilando' o 'in eligendo'», apuntó Miguel Ángel Pavón entre la conclusiones de su formación política, donde también se resaltó la falta de «informes jurídicos, técnicos y económicos en los expedientes» que, a juicio de Guanyar, son «exigibles en cualquier expediente de contratación, ya sea de contrato menor o no». La marca blanca de EU en el Ayuntamiento, al igual que el resto de grupos salvo el PSOE, apuntó directamente hacia los asesores de Echávarri. Guanyar «no ve procedente» que firmen documentos, al igual que Compromís, quien censuró que realizasen «funciones y competencias reservadas exclusivamente para cargos electos», por lo que reclaman un «informe» del secretario municipal donde se detallen las «funciones» que pueden desarrollar los asesores municipales.
Desde el PP, respecto al paso de acudir a los juzgados para denunciar las «irregularidades» en la tramitación y adjudicación de contratos en el área de Comercio, señalaron que la comisión «demostró» que fue la decisión «correcta». Por su parte, desde Ciudadanos, que anunciaron que también recurrirían a la vía judicial aunque sin concretar las formas, criticaron ayer a Echávarri por «consentir el troceamiento de contratos, violando los principios de legalidad, publicidad y concurrencia».
