El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi, ha instado a la Conselleria de Vivienda a que adjudique cuanto antes una vivienda a un ciudadano que lleva cuatro años esperando una solución. Pero además, por primera vez y amparándose en la nueva Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunidad Valenciana que entró en vigor a principios del mes de marzo, el defensor del pueblo valenciano da un paso más y pide a la Administración que ponga en funcionamiento el sistema de ayudas al alquiler y que proceda al abono de las mismas a las ciudadanas y ciudadanos a quienes no se les pueda adjudicar una vivienda pública en alquiler por falta de disponibilidad.

Es decir que, para el Síndic, con la nueva ley en la mano, ya no es suficiente el argumento de la falta de vivienda pública para atender la demanda de los ciudadanos. «La no disponibilidad de vivienda tendría simplemente el efecto de variar el contenido de la obligación de la Administración. En estos casos la norma le obliga a proceder al pago de una ayuda de alquiler al interesado y a continuar trabajando en la ampliación del parque público de vivienda».

En este caso en concreto, el ciudadano solicitó por primera vez la vivienda pública en septiembre de 2013 y a fecha de hoy sigue sin conseguirla. En junio de 2017, la Conselleria remitió al Síndic un informe del EIGE (la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat) en el que indicaba que estaba haciendo todo lo posible para recuperar y poner a disposición viviendas del parque público para atender la demanda de solicitudes de vivienda pública en arrendamiento. Del informe también se desprendía que «es habitual que la demanda supere la disponibilidad de vivienda en muchos municipios y ello implica que las solicitudes deben ser prebaremadas y evaluadas para establecer un orden de prioridad para el acceso a las viviendas actuales», y que al parecer el interesado se encontraba en una posición muy retrasada de la lista de solicitantes.

Aunque el Síndic de Greuges es consciente «de los esfuerzo que está llevando a cabo esta Administración para revertir la situación de ausencia de viviendas», a su juicio, el derecho a la vivienda «condiciona el disfrute de los demás derechos fundamentales como el de la salud, la educación, y lo que es más grave, su desprotección deja a la persona y a la unidad familiar en situación de exclusión social».