La asociación de padres Idiomas y Educación, miembro del Foro por la lengua que integra centros públicos y concertados contra el plurilingüismo de Marzà, forma parte a su vez de la asociación "Hablamos Español"que hoy ha presentado ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley por la Libertad de Elección Lingüística, para que sea tramitada como iniciativa Legislativa Popular.

"Hablamos Español la integran "entidades pro libertad de elección de lengua" de todas las comunidades bilingües de España entre las que también se encuentran por la Comunidad Valenciana la Plataforma "No al decretazo" y la Asocación por la Defensa del Castellano.

Con la citada proposición de ley buscan "blindar los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, de manera que existan líneas de enseñanza en español en cualquier lugar del país, que todas las personas puedan ser atentidas en la lengua oficial común por parte de las administraciones públicas, y que se eliminen las trabas y prohibiciones que en la actualidad discriminan a los hispanohablantes en cada vez más comunidades autónomas".

Los colectivos sostienen que la ley, "homologable a la normativa de todos los países con varias lenguas oficiales, gira sobre el principio de libertad de elección de lengua, que garantiza la igualdad de trato entre todos los ciudadanos españoles que proclama el artículo 14 de la Constitución Española, y facilita su verdadera y eficaz libertad de elección de residencia y de circulación por todo el territorio nacional, como establece el artículo 19".

"Hablamos Español" dice haber atendido "quejas y consultas de toda índole relacionadas con la imposición de lengua: padres de escolares privados del derecho a estudiar en su lengua materna, ciudadanos que ven cómo su lengua es borrada del ámbito oficial, familias que ven dificultada su movilidad dentro del país por la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en español, profesores que no pueden optar a una plaza en las comunidades bilingües, o profesionales de la medicina y de otros ámbitos a los que se restringe su acceso a la función pública".

Una vez registrada la proposición de ley en el Congreso, la Mesa tiene 15 días para responder sobre su admisión a trámite.

A continuación, la Junta Electoral Central tratará con la comisión promotora los pormenores de la recogida de las 500.000 firmas certificadas, necesarias para que la ley pueda ser debatida en el Congreso y, en su caso, aprobada por la cámara.

Los integrantes de "Hablamos Español" hacen un llamamiento "a los partidos constitucionalistas para que de una buena vez resuelvan este problema".

Culpan además a las "continuas cesiones a los nacionalistas", de "la exclusión del español de la vida oficial y de las aulas. Esto debería llevar a la clase política a reflexionar, y a plantearse una nueva etapa sin trabas lingüísticas y basada en el derecho de los ciudadanos a decidir qué lengua, entre las oficiales, quieren utilizar para trabajar, realizar sus trámites, o educar a sus hijos".

Son los mimos argumentos por los que el Foro de padres de centros públicos y padres en la Comunidad se oponen al plurilingüismo aprobado por el Consell y paralizado cautelarmente por el TSJ.