A Fiscalía para que actúe de oficio contra el decreto-ley del plurilingüismo, y al Tribunal Constitucional en amparo porque consideran pisoteado el derecho de sus hijos a la enseñanza en la lengua vehicular que eligen sus padres. Es el siguiente paso que preparan las federaciones de padres de alumnos de centros públicos y concertados de la provincia, tras la reunión mantenida ayer con el presidente de la Diputación, César Sánchez.

«Nos reuniremos con cuantos nos lo pidan. Lo hicimos on Ciudadanos, ahora con el presidente de la Diputación que nos ha dado su apoyo logístico porque nos ve «desamparados» , y si nos llama el PSOE también iremos», subrayó Julia Llopis, presidenta de Concapa. «No se trata tan solo de salir a la calle porque hacen oídos sordos», añadió la representante de los centros concertados.

Por Covapa, de la enseñanza pública, Ramón López concretó su malestar por entender que el decreto ley «nos ha hurtado la opción de defendernos. El conseller se ha convertido en el juez del Lato Tribunal y el Consell en el propio TSJ», lamentó.

López reiteró que no luchan contra el valenciano sino por la libertad de las familias a elegir, e hizo un llamamiento a la Fapa Enric Valor, para que se sume en «la defensa de este despropósito contra las familias».