Un nuevo auto del TSJ, en respuesta al recurso interpuesto por el colegio Maristas de Alicante por el aula de Bachillerato que suprimió Educación para este curso, da la razón al centro escolar y le permite abrir el aula si aporta el aval.
El colegio debe decidir ahora si pone un aval que de entrada les resulta muy costoso, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas cercanas al centro escolar. La decisión del TSJ es cautelar, por lo que si finalmente la sentencia es favorable al colegio, Educación le devolvería el dinero del aval si finalmente lo aportan.
En la misma situación se encuentra el centro Sagrada Familia de Elda, aunque pendiente de que el TSJ resuelva su recurso, interpuesto por el mismo bufete. Por su parte La Salle de Alcoy, otro de los que también recurrió la supresión del concierto de primero de Bachillerato y ha sido respaldado por los jueces, no ha presentado ningún aval económico y no podrá reabrir el aula suprimida.
De los cinco centros que se encuentran en esta situación en Valencia, solo uno ha puesto la fianza correspondiente, como confirmó el propio conseller de Educación, Vicent Marzà, en su valoración sobre el inicio del curso escolar. «En mi departamento solo consta que un colegio, El Pilar de València, ha abonado la fianza de 187.000 euros exigida» por lo que mantendrá el aula concertada de Bachillerato.
Políticos
Por otra parte Las Cortes han convalidado el decreto-ley del plurilingüismo con los votos del tripartito: PSPV, Compromís y Podemos. Este último dijo que lo hacía por salvar el inicio del curso y criticó que no se hubiera previsto Ciudadanos optó por ausentarse alegando una presunta vulnerabilidad de la ley y una «imposición», y el PP se opuso fervientemente equiparando esta aprobación a lo sucedido en Cataluña.
El decreto-ley únicamente tiene validez para este curso y exclusivamente para los niños de 3 años de edad porque tras la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo por el TSJ, el resto de alumnos y niveles, desde los 4 años hasta sexto de Primaria, seguirán recibiendo en sus centros la misma enseñanza en lenguas que tenían el cuso pasado y que data desde el año 2012, cuando lo aprobó el PP.
Isabel Bonig, portavoz de la oposición popular, lo denominó «decreto mordaza» con «visos de inconstitucionalidad», al tiempo que la diputada Cardona culpaba a Marzà de «intentar tomarle el pelo al TSJCV y a las familias».
El conseller aclaró sobre las resoluciones del TSJ que «respetamos lo que deciden, es lo que tienen que hacer y nosotros hacemos nuestro trabajo», recalcando que no condenarán a los alumnos al «monolingüismo».
El socialista Manolo Mata salió en defensa de Marzà apuntando que «es el conseller satanizado por la derecha porque tienen miedo al poder de la educación», y respaldó asimismo el « trilingüismo del Consell» con seis itinerarios elegidos por los centros, aunque este curso están suspendidos.
Criticó finalmente la postura de la Diputación de Alicante por su intención, dijo, de «sabotear».
