El sindicato STEPV considera que "se debería haber informado y negociado el nuevo decreto ley de plurilingüismo con los órganos de representación, participación y consulta, como la Mesa Sectorial de Educación o el Consell Escolar Valencià y han pedido reunirse con el conseller Vicent Marzà.
El sindicato ha expresado en un comunicado que "el acatamiento de la suspensión cautelar por parte de la Conselleria de Educación o la urgencia por el inicio del curso no justifican esta actuación", pues ya solicitaron a finales de julio una reunión con el conseller Marzà, que todavía no se ha celebrado.
Desde el STEPV han reiterado la propuesta de "una entrevista con el conseller Marzà" así como la convocatoria "urgente" de los órganos de negociación y participación, en concreto de la Mesa Sectorial de Educación, para tratar la aplicación del decreto ley aprobado por el Consell el pasado viernes.
Sobre el nuevo decreto ley han considerado que "se ha hecho para dar cumplimiento a la suspensión cautelar dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)" el pasado mes de mayo, por el recurso presentado por la Diputación de Alicante.
"Entendemos que se trata de una norma transitoria a la espera de nuevas resoluciones judiciales o normas legales" para "superar esta situación provocada por entidades que pretenden impedir que el alumnado sea competente en materia lingüística y lo condena a ser analfabeto en una de las lenguas oficiales de la Comunitat", han añadido.
Además, han recalcado que si las entidades recurrentes hubiesen conseguido el objetivo de volver al Decreto de Plurilingüismo de 2012, "implicaría la repetición del proceso de matriculación para volver a escoger la lengua base de aprendizaje", lo cual "comporta un proceso de más de dos meses, un procedimiento imposible".
Asimismo, hubiese supuesto "la repetición del arreglo escolar y de la determinación de las plantillas de profesorado", han asegurado desde el sindicato.
Con respecto a las resoluciones judiciales, el STEPV ha manifestado que se debe pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "el levantamiento de la suspensión cautelar del Decreto de Plurilingüismo", ya que "las dos sentencias dictadas sobre los recursos de dos sindicatos (CSI·F y USO) dejan claro que es perfectamente legal, a excepción de la Disposición Adicional quinta.
El sindicato ha recalcado la defensa de un modelo educativo que "tenga el valenciano como lengua vehicular para garantizar que todo el alumnado domine las dos lenguas oficiales y una extranjera", algo "clave" para garantizar la cohesión social, vertebración territorial y superar las desigualdades sociales".
Además, han recordado que los estudios sobre aprendizaje de lenguas, "han evidenciado que la lengua minorizada debe ser la vehicular", pues amparan un modelo "que parte de estos objetivos", y han considerado que para conseguirlo, "es necesario implantar programas de inmersión en la totalidad de los centros públicos y privados valencianos".
