La defensa del empresario Enrique Ortiz ha pedido al magistrado que investiga supuestos amaños en el PGOU de Alicante que no admita el informe que ha presentado el abogado del Ayuntamiento, acusación particular en este proceso, en el que se calcula en más de 42 millones los beneficios que habría obtenido el promotor de haberse aprobado el planeamiento, del que acabó desistiendo el Consistorio por las sospechas que se cernían sobre él.
En un escrito presentado ayer, el letrado incide en la imposibilidad de aportar nuevos documentos en la fase en que se encuentra el proceso, cuando ha concluido la instrucción y el magistrado Manrique Tejada ya dictó en enero lo que vendrá a ser el procesamiento del empresario y de los dos últimos alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, entre otros. Tejada sostiene que los políticos maniobraron en el planteamiento de la ciudad para beneficiar a Ortiz a cambio de prebendas, entre ellas varios viajes.
El letrado sostiene que esta extemporaneidad obliga a rechazar el informe que únicamente podría tener cabida, y con carácter «excepcional», en el momento en que se dé traslado a las partes para formular escrito de acusación, lo que aún no ha ocurrido. El proceso se encuentra en estos momentos a expensas de que se resuelvan los recursos presentados contra el auto de pase a procedimiento abreviado dictado el pasado enero.
«Valor probatorio»
Aunque la defensa del promotor no entra en el fondo del documento (ni el la «naturaleza jurídica ni en su valor probatorio», precisa) sí que deja caer que el contenido está «plagado de falsedades con relevancia penal». Y tampoco pasa por alto que se haya realizado «prevaliéndose de los funcionarios y de las estructuras administrativas del propio Ayuntamiento».
Lo que el representante legal del Consistorio en este proceso, José María López Coig, denomina «informe de valoración» lo ha realizado a petición suya la Concejalía de Urbanismo tomando como base el valor de los terrenos supuestamente propiedad de Ortiz con el plan general en vigor (de 1987) para compararlo con las plusvalías que le habrían generado a promotor en el supuesto de que el planteamiento bajo sospecha hubiera obtenido luz verde.
Un cálculo que, según recoge el estudio, arroja unas ganancias de más de 42 millones distribuidos en varias parcelas ubicadas distintas zonas del término municipal: la Condomina, Fontcalent, el entorno de Rabasa, el Saladar y las Lomas del Garbinet.
A estas parcelas, que según precisa el citado informe tenían consideración de Suelo no Urbanizable, «el plan general revisado de 2010 sí les había atribuido aprovechamiento urbanístico, bien directamente porque se las ha reclasificado como Suelo Urbanizable o bien, indirectamente, porque a pesar de mantener la clasificación de Suelo no Urbanizable las ha adscrito a unidades de ejecución discontinuas para obtener parques públicos naturales».
El magistrado Tejada tiene ahora la palabra.
