Un informe técnico de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante señala que si se hubiese aprobado definitivamente en 2011 la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU el constructor Enrique Ortiz hubiese podido lograr un beneficio de 42 millones de euros por la afección de los terrenos que poseía en varias zonas de la ciudad.

El documento con fecha del pasado 29 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press este lunes, se ha incorporado a la causa del caso Brugal que se sigue en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante y que ya dictó auto de procesamiento el pasado enero contra el constructor y los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Sonia CastedoLuis Díaz Alperipor los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por las presuntas irregularidades en la tramitación de la revisión del PGOU.

El documento se ha incorporado a la causa a petición del abogado del ayuntamiento, que solicitó un informe técnico sobre el valor de los terrenos de Enrique Ortiz en base al PGOU de 1987 y qué valor hubieran alcanzado en caso de aprobarse definitivamente la revisión provisional de 2010, que finalmente fue desestimada por el consistorio.

Se trata de 31 parcelas catastrales ubicadas en las partidas de Condomina, Fontcalent, Fondo de Piqueres, El Saladar y Lomas del Garbinet. Al respecto, el informe señala que en base al PGOU de 1987 se trata de suelo no urbanizable que pasan a ser urbanizables o bien "unidades de ejecución discontinuas para obtener parques públicos naturales" en la revisión de 2010.

En ese sentido, según el documento, el suelo de Condomina hubiera pasado de valer 6,7 millones de euros a 21,3 millones en el sector "Torres de la Huerta". Los terrenos de Foncalent, de 1,4 a 24,2 millones; El Saladar de 200.000 a 800.000; y, Lomas del Garbinet, de 87.400 euros a 4,1 millones. En total, un beneficio de 42 millones de euros sobre el precio de compra.

Las fuentes consultadas han indicado que el coste de las parcelas fue puesto en conocimiento del juzgado por el propio Enrique Ortiz.