Las diferentes administraciones nacional, autonómica, provincial y local convocan subvenciones de forma habitual para mejorar cuestiones de accesibilidad, aunque los colectivos afectados siempre critican que estas ayudas alcanzan a un reducido grupo de población afectada y, además, llegan muy tarde, después de numerosos informes y valoraciones sobre grados de discapacidad y viabilidad de proyectos técnicos.
Una de iniciativas que se ha resuelto hace escasos días ha sido la convocatoria de Plan RENHATA de la Conselleria de Vivienda, para reformas del interior de viviendas, en concreto de baños, cocinas y obras de accesibilidad. Este plan dotado con 3.000.000 de euros no ha servido para cubrir toda la demanda. De las 1.769 solicitudes presentadas, se han concedido 863 ayudas en toda la Comunidad Valenciana, de las que 95 ha sido en la provincia de Alicante. Por contra se han denegado 725 solicitudes válidas que se han quedado sin presupuesto y se han rechazado otras 181 peticiones por no cumplir las bases. En la provincia de Alicante se han desestimado 220 solicitudes.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene activadas dos tipos de convocatorias. Las primeras es para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejorar la comunicación en espacios públicos y edificios de pública concurrencia. Su consignación presupuestaria es de 300.000 euros. En una primera fase han resultado beneficiarios 15 expedientes para la adaptación de playas urbanas en playas accesibles (con 112.740,48 ?) y tres para la promoción de la accesibilidad de comunicación (con 3.885,04 ?).
La segunda opción son las PEIS de desarrollo personal, ayudas para facilitar la autonomía de las personas con diversidad funcional, que se destinan a la adquisición de ayudas técnicas, eliminación de barreras en el interior de la vivienda, adaptación de vehículos y transporte para la asistencia a tratamientos. Su consignación presupuestaria es de 400.000 euros, con los que se han atendido 164 demandas de Valencia, 21 de Castellón y 96 de Alicante.
Por su parte, la Diputación de Alicante ha destinado 250.000 euros para la elaboración de Planes Municipales de Accesibilidad en pueblos menores de 20.000 habitantes. A finales de julio se aprobó la concesión de ayudas a 57 localidades y una Entidad Menor.
Por otro lado, la reglamentación no solo exige facilitar a las personas con diversidad funcional el acceso a sus viviendas, sino a todas las zonas comunes de la finca: jardines, piscinas, salas de reunión o garajes. En la actualidad, cualquier vecino con una discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir realizar esas obras de accesibilidad, siempre que el presupuesto esté dentro de los límites. Y ese límite se fija en un máximo de 12 mensualidades de los gastos de comunidad.
Por ejemplo, un vecino que pague cada mes 60 euros, estará obligado a soportar una derrama no superior a 720 euros en total. En el caso de que exceda, la obra se realiza si se aprueba por junta o si la diferencia entre el límite de las 12 mensualidades y el coste total es abonado por quien ha solicitado la obra. Si es así, la obra se realizará y el resto de propietarios estarán obligado a pagar la derrama máxima.
