El juez procesa en Alicante a 57 personas por una trama de blanqueo en la venta de calzado chino

El titular del juzgado de Instrucción número uno de Alicante, Santiago Hoyos, ve indicios de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, delitos contables y grupo criminal organizado. El magistrado ha emplazado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a que presenten en septiembre sus escritos de acusación antes de abrir juicio oral y enviar la macrocausa a la Audiencia para que se celebre el juicio. Entre los procesados hay personas tanto de nacionalidad china como española, entre los que se encuentran tanto los presuntos cerebros de la trama, como las personas interpuestas en sociedades pantalla cuyo objetivo era ocultar la identidad de las sociedades importadoras.

El magistrado considera que de la investigación se desprende que «existe una organización dedicada a dar salida a China mediante transferencias bancarias del dinero generado en la actividad del comercio y la venta de calzado» en la provincia. Según el auto judicial, gran parte del dinero transferido a China se corresponde con actividades no declaradas a Hacienda por actividades que realizan sociedades con almacenes en el Polígono de Carrús en Elche.

Sociedades pantalla

El calzado se importa desde China y se vende en territorio nacional, a través de empresas pantalla que ocultaban la identidad de los verdaderos compradores. Sobre el papel, la mercancía se vendía en Portugal o en otros países de la Unión Europea para lo que se preparaba documentación falsificada, aunque el producto se comercializa en territorio nacional. Esta circunstancia permitía que, como esas operaciones intracomunitarias están exentas de IVA, se solicitara la devolución de lo pagado en la aduana. El juez sostiene que el valor declarado en la Aduana es muy inferior al real, por lo que pagan menos aranceles.

«A efectos de ocultar la verdadera identidad del obligado tributario (...), dichas mercantiles no hacen directamente las transferencias del dinero a los proveedores de mercancías a China, sino que utilizan una red organizada de personas y entidades que, a cambio de un a comisión se dedican a realizar estas transferencias», explica el magistrado. De esta manera, las empresas no declaran ni sus ingresos, ni las cuotas de IVA por las ventas que efectúan. Tampoco las empresas encargadas de dar salida al dinero de esas transferencias declaraban las comisiones percibidas.

El juez asegura que las sociedades dedicadas a transferir el dinero a China «tenían perfecto conocimiento de la procedencia u origen ilegal de ese metálico».

Según el auto, un grupo de once empresas serían las verdaderas defraudadoras ocultando su identidad e interponiendo en sus operaciones sociedades pantalla. Otras 16 mercantiles serían sociedades pantalla que figuraban como las compradoras del calzado y presentarían documentación falsificada en la aduana. Finalmente, otras treinta mercantiles son las que se dedicarían a dar salida del dinero obtenido con la actividad comercial ocultada a Hacienda mediante transferencias a China.

Al frente de la trama se sitúa a un empresario español afincado en Petrer y que está implicado en otras causas. La investigación apunta al empresario Alejandro R. N. como la persona que a través de la mercantil Nepalia sería la encargada de «coordinar la totalidad de las operaciones entre las distintas sociedades pantalla». La investigación le sitúa como la persona que toma las decisiones sobre las importaciones de mercancías, de la recepción del dinero y las posteriores salidas de fondos a China.