El Síndic de Greuges ha irrumpido en el debate sobre el futuro de la Administración electrónica y el posible menoscabo de derechos que puede sufrir la población sin medios o conocimientos para la tramitación telemática que impondrá una ley estatal a partir de octubre de 2018. El Defensor del Pueblo valenciano se reunió ayer con la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana para atender la inquietud del colectivo en este sentido. Tras la cita, exigió «que las administraciones públicas cumplan con su deber de asistir o ayudar a las personas en el uso de medios electrónicos, sin que puedan padecer ningún tipo de discriminación o perjuicio por no tener acceso a internet o no saber utilizar las nuevas tecnologías».
Vicent Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, trasladó al Síndic que «ni la Administración autonómica está preparada para el aluvión de solicitudes, reclamaciones y trámites de la ciudadanía» cuando en octubre de 2018 se imponga por ley la Administración electrónica con carácter general para las personas físicas, ni tampoco la población está preparada. «Hay una brecha digital en la sociedad, que golpea especialmente a las poblaciones de interior y a la franja de mayor edad, que no tiene conocimientos informáticos para realizar gestiones de manera digital», advirtió Inglada al Síndic, José Cholbi.
Tras la reunión, la oficina del Síndic manifestó a este diario que la asistencia a los ciudadanos pasa por una atención personalizada, cara a cara, de un funcionario, y su ayuda para realizar los trámites electrónicos.
