02 de agosto de 2017
02.08.2017

El fiscal cita al edil de Personal para que explique por qué se despidió a la cuñada de Barcala

El concejal comparecerá el próximo mes de septiembre por ser la persona que firmaba el cese de Catalina Rodríguez en el área de Cultura

01.08.2017 | 22:53
El edil Carlos Giménez con el alcalde Gabriel Echávarri en una reunión del PSOE.

La Fiscalía ha citado a declarar al concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Gimenez, para que explique los motivos del despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, según confirmaron fuentes del Ministerio Público. El despido de Catalina Rodríguez se produjo después de que Barcala denunciara al alcalde Gabriel Echávarri por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, denuncia por la que Anticorrupción abrió diligencias. El Ayuntamiento negaba represalia alguna en el despido y argumentaba que el trabajadora de la técnico interino ya había acabado y que se estaba acometiendo una reestructuración, aunque posteriormente el propio Echávarri admitió en las redes sociales que se trató de una represalia.

Giménez, que fue la persona que firmó el despido, ha sido llamado a declarar el próximo mes de septiembre en la Fiscalía de Alicante, en otra investigación que se tramita de manera separada a la del presunto fraccionamiento de contratos. Estos hechos no fueron denunciados por el PP, sino por los dirigente es vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata. Desde el Ministerio Público, se solicitó antes del verano al Ayuntamiento documentación del expediente del despido de la trabajadora. Los denunciantes consideraban que había una presunta prevaricación porque el alcalde Gabriel Echávarri había confirmado que conocía que había una situación ilegal sobre la situación de los interinos del Ayuntamiento. De hecho, sólo fue despedida una persona, familiar del portavoz municipal del PP, aunque tras el rechazo a esta medida por parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento y de sus propios socios de gobierno, y tras aprobarse una moción del PP en el pleno instándole a la readmisión, Echávarri dio marcha atrás y anunció que el despido quedaría sin efecto y que la situación de los interinos se abordaría de forma conjunta.

Paralelamente, la Fiscalía investiga también a Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. En esa denuncia, los hechos arrancaron el 4 de abril después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias del área de Comercio y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros. Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques, como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente. Sin embargo, esta semana el portavoz del PP ha presentado una nueva denuncia directamente en los juzgados por el presunto fraccionamiento de contratos y tras la sesión de la comisión de investigación celebrada el pasado viernes en el Ayuntamiento.

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