Los sindicatos SIF, UGT, CC OO y SCF han convocado una huelga en FGV desde el 8 de septiembre hasta el 6 de noviembre de 2017. Los motivos de la misma son el desacuerdo y falta de participación en el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunidad Valenciana, así como la negativa de la dirección de FGV a negociar todas aquellas materias que afectan a las condiciones de trabajo, formación, habilitaciones, reconocimientos médicos y régimen disciplinario de los trabajadores relacionados con la circulación (maquinistas, reguladores de puesto de mando, jefes de estación y factores de circulación).

Desde estos sindicatos denuncian que hasta la fecha, la dirección de FGV "no ha querido negociar estas condiciones de seguridad que afectan al personal relacionado con la circulación, y que repercuten en la seguridad del servicio".

La actitud de la dirección de FGV "vulnera el dictamen del Consejo Económico y Social de fecha 22 de febrero de 2017, en cuanto al mandato de negociación en el seno de la empresa (FGV) de estas materias". Además, añaden, la Conselleria "no debería elaborar una Ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat Valenciana, sin contar con el personal ferroviario".

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha reiterado que está "abierta" a negociar con los distintos sindicatos cualquier aspecto laboral de la empresa, al tiempo que se ha comprometido a intentar alcanzar mediante el diálogo el mayor número de acuerdos posibles para mejorar la actividad que desarrolla.

Respecto a la convocatoria de huelga realizada por cuatro sindicatos por el "desacuerdo y la falta de participación" en el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunidad Valenciana, la dirección de FGV ha vuelto a destacar que la empresa está abierta a negociar "hasta el último minuto dentro de sus competencias" con los sindicatos para evitar conflictos y no perjudicar a los usuarios de Metrovalencia y TRAM d`Alacant.

En este sentido, FGV recuerda que la elaboración de la futura Ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunidad Valenciana excede de sus competencias negociadoras y que la tramitación de la Ley y su aprobación corresponden a las Cortes valencianas.