La Fiscalía ha citado a declarar al concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Gimenez, para que dé explicaciones sobre los motivos del despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. El despido se produjo después de que éste denunciara un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. El despido de Catalina Rodríguez se produjo tras una denuncia del PP en la Fiscalía contra el alcalde y por la que Anticorrupción abrió diligencias. El Ayuntamiento negaba represalia alguna en el despido y argumentaba que el trabajadora de la técnico interino ya había acabado y que se estaba acometiendo una reestructuración, aunque posteriormente admitió en las redes sociales que se trató de una represalia. Giménez ha sido llamado a declarar el próximo mes de septiembre en la Fiscalía, en otra investigación que se tramita de manera separada a la del presunto fraccionamiento de contratos.

Estos hechos no fueron denunciados por el PP, sino por los dirigente es vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata. Desde el Ministerio Público, se solicitó antes del verano al Ayuntamiento documentación del expediente del despido de la trabajadora. Los denunciantes consideraban que había una presunta prevaricación porque el alcalde Gabriel Echávarri había confirmado que conocía que había una situación ilegal sobre la situación de los interinos del Ayuntamiento. De hecho, sólo fue despedida una persona, familiar del portavoz municipal del PP, aunque tras el rechazo a esta medida por parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento y de sus propios socios de gobierno, y tras aprobarse una moción del PP en el pleno instándole a la readmisión, Echávarri dio marcha atrás y anunció que el despido quedaría sin efecto y que la situación de los interinos se abordaría de forma conjunta.

Parelelamente, la Fiscalía investiga también a Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. En esa denuncia, los hechos arrancaron el 4 de abril después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias del área de Comercio y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros. Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques, como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente. Sin embargo, esta semana el portavoz del PP ha presentado una nueva denuncia directamente en los juzgados por el presunto fraccionamiento de contratos y tras la sesión de la comisión de investigación del pasado viernes.

Los populares presentaron en la Fiscalía denuncia por 25 contratos menores relativos a la señalización de los mercados, la organización de la gala de comercio y la campaña «Alicante está de moda», sin que existiera ningún expediente que respaldara dichas facturas. De ella se excluyeron la mitad de las facturas elevadas al Consell Jurídic Consultiu al entender que no concurrían los elementos necesarios para apreciar fraccionamiento de contratos.

A las dos semanas del despido, la concejalía de Recursos Humanos volvió a admitir a Catalina Rodríguez el pasado 2 de mayo después de que el pleno desautorizara al alcalde Gabriel Echávarri por la decisión de despedirla, un acuerdo que el primer edil acabó acatando. La readmisión se produjo mientras la trabajadora se encontraba de baja a causa de una operación.