El grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas trasladó ayer a las entidades que recurrieron el decreto de plurilingüismo del Consell la posibilidad de acudir al Comité de Peticiones de la Unión Europea para «denunciar» al ejecutivo autonómico por el «ataque» y «chantaje» que este documento supone para «la libertad de los padres a elegir el tipo de educación y la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos».

Así lo indicó la portavoz popular en las Cortes y presidenta del PP en la Comunidad, Isabel Bonig, que lamentó la «situación de caos» que vive la comunidad educativa en esta autonomía tras la anulación parcial de dicho decreto por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y ante «la falta de respuesta» del Consell a esa situación. Bonig realizó estas declaraciones tras participar en Valencia en una reunión con representantes de plataformas educativas para hablar de las últimas resoluciones del TSJ que, entre otras cosas, ordena a la Conselleria de Educación a suspender cautelarmente su decreto de plurilingüismo y retrotraerse a la normativa anterior. En el encuentro, al que asistieron las asociaciones que impugnaron el decreto como la Asociación en Defensa del Castellano, el sindicato Anpe, CSIF, USO, Concapa, representantes de la Diputación de Alicante y Idiomas y Educación, participó también el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

«A días de hoy no tienen certeza ni los directores ni los centros educativos de cuál es el modelo lingüístico que hay que aplicar. Los padres y las Ampas no saben los libros que hay que comprar. Entre los alumnos se está generando desasosiego y la inspección todavía no ha recibido por escrito instrucciones de qué es lo que va a pasar en el inicio del curso y cuál es el modelo lingüístico que se va a aplicar en colegios e institutos», criticó Bonig, que apuntó que, según el TSJCV, hay que acogerse a los decretos de 1997 y de 2012 aprobados por el PP.

Y matizó que serán las entidades las que decidirán si acuden o no al Comité de Peticiones de la UE «ante la falta de respuesta del Consell».