«Los indicios me permiten afirmar que existe una infracción administrativa y fraccionamiento de contratos». De esta contundente forma respondió el interventor del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, a una de las preguntas formuladas en el marco de la comisión de investigación del presunto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio para la campaña de Navidad de 2016 por casi 190.000 euros. Una comisión que inició sesiones ayer (la primera reunión, en junio, fue impugnada) con los interrogatorios en su mayor parte a cargo de Yaneth Giraldo, portavoz de Ciudadanos, grupo que promovió esta comisión.

A su término, Giraldo puso el acento en esas palabras de Guardiola. «Según el interventor, hay indicios muy concretos, casi al 100%, de que pudo haber fraccionamiento». Asimismo, dijo que es «la primera vez en 33 años que sucede algo así».

La edil tildó también de «constructiva e interesante» la declaración del jefe de servicio de Comercio cuando se firmó la campaña, Diego Agulló, quien afirmó que todas las contrataciones le llegaban por Pedro de Gea, asesor del alcalde en materia de comercio. Agulló, que fue el primero en alertar del presunto fraccionamiento, añadió que prescindieron de los técnicos en la mayoría de las facturas de esta campaña y que tuvo conocimiento de las mismas cuando entraban en el registro de facturas. Para más datos, a una pregunta de la popular Mari Carmen de España a Agulló sobre si hubo contratos firmados únicamente por los asesores del alcalde Pedro de Gea y Lalo Díez, el exjefe de servicio contestó que así se había hecho en 22 de las 25 facturas.

Es decir, que sólo tres pasaron por las manos de los técnicos, algo que, afirmó, no era el procedimiento habitual en la Concejalía de Comercio sino algo «excepcional». Agulló ya no es jefe de servicio tras ser apartado por la nueva concejala de Comercio, Gloria Vara, que asumió las competencias que llevaba el alcalde a raíz del escándalo de las facturas.

Aunque ni el interventor ni el técnico quisieron que la prensa les escuchara en directo y a que las actas no se harán públicas hasta la segunda quincena de agosto porque el secretario se va de vacaciones, el contenido de sus declaraciones trascendió.

El alcalde, Gabriel Echávarri, fue el primero en ser interrogado, como concejal de Comercio cuando se firmó la campaña. El primer edil negó que existiera fraccionamiento, si acaso admitió «que si hay algo es una irregularidad administrativa. Es lo que me han transmitido que ha dicho el interventor, con lo que coincidimos. Por eso iniciamos el trámite de nulidad del procedimiento ante el Consell Jurídic Consultiu», que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.

Echávarri ha explicado que aunque su firma aparezca al final de los contratos para ordenar el pago, la mayoría no los firma él, sino que se trata de una firma digital por el programa que se utiliza, que aseguró no tener ni siquiera en su ordenador. «Pero está mi firma y es mi firma, la responsabilidad final es mía aunque no los firme yo. Los firma el jefe de Gabinete (Lalo Díez) con una firma digital». También admitió que él delegaba el día a día del área de Comercio en Pedro de Gea, cuya comparecencia ha pedido Ciudadanos para una próxima reunión de la comisión, y la de Lalo Díez.

El alcalde reconoció que uno de los contratos menores supera en un céntimo el límite para ser considerado menor -es de 18.000 euros- pero lo achacó a un error de interpretación de quien lo tramitara.