El Consell ya ha marcado el camino a seguir durante los próximos meses. Dentro de la hoja de ruta de l´Acord del Botànic, las conselleries y Presidencia han definido en Ademuz cinco medidas y políticas que deben adoptar antes de invierno en sus respectivas áreas. En total, cincuenta propuestas a desarrollar, que van desde un plan para desestacionalizar el turismo hasta el fomento del coche eléctrico, pasando por la creación de residencias para artistas o una ley de «humanización» de las UCI, entre muchas otras.

Sin duda, una de los anuncios más esperados es la propuesta de la Conselleria de Justicia, que anuncia oposiciones para este año, 2018 y 2019. En total, Función Pública calcula que ofertará 5.286 plazas durante los tres años, de las que el 40 % son para promoción interna (2.114), 1.800 para estabilizar a trabajadores temporales que están en la Administración desde 2014, y otras 500 para los que ya llevan 12 años (2005). Además, también se reservan 42 plazas para el personal declarado indefinido no fijo.

El Plan Estratégico de Recursos Humanos cifraba en 4.500 los nuevos empleados públicos que la Generalitat necesitaría para los próximos años, número que se ve cubierto con estas tres ofertas, cuyos cálculos presuponen que el Gobierno no variará las tasas de reposición (del 100 % para los sectores prioritarios y del 50 % para el resto).

Precisamente sobre los funcionarios habló ayer el presidente Ximo Puig, al hacer balance del funcionamiento del Consell, ahora que se llega al ecuador de la legislatura. «Aceptando la realidad de nuestra Administración, que es la que menos funcionarios tiene de España, hemos acelerado todas las políticas», apuntó.

Y es que, los miembros del Consell a partir de ahora tendrán que pisar el acelerador a fondo para aplicar las medidas que se han propuesto. «Es un momento clave», apuntó Puig, quien defendió que la Comunitat Valenciana «está hoy mejor» y que «en muchas áreas se han hecho más acciones que en los 20 años anteriores». El presidente también cree que «ningún indicador económico y social está peor que hace dos años».

En el cuarto seminario que el Consell ha realizado en dos años (antes de Ademuz hicieron balance en Morella, Torrevieja y Sagunt), el líder del Ejecutivo valenciano insistió en que este semestre también es el momento de conseguir la financiación justa ya reclamada. «Queremos un gobierno de España que cumpla su palabra y apruebe un nuevo sistema de financiación», matizó, pero esta vez avisó: «apretaremos todo lo que haga falta». Asimismo, Puig espera una reestructuración de la deuda y que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 acaben con la «infrainversión que se ha consolidado en estas dos legislaturas».

Además de financiación y empleo, las propuestas surgidas de este cónclave incluyen el desarrollo de diversas leyes (servicios sociales, protección de animales...); decretos, como el del concierto de servicios sociales o la ayuda a familias acogedoras); además de planes para impulsar el cooperativismo, un nuevo modelo agroalimentario o la renovación de las concesiones de las líneas de autobuses entre municipios.